En una conferencia realizada esta mañana desde Palacio Nacional, Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), lanzó acusaciones contundentes contra los tribunales colegiados de México, a los que acusó de beneficiar a personas vinculadas con el crimen organizado al retirarlas de la lista de personas bloqueadas por presuntos vínculos ilícitos.
Durante su intervención, Gómez Álvarez destacó que es en estos tribunales donde se han concedido suspensiones para desbloquear cuentas de individuos que han sido identificados con millonarios recursos ligados al crimen organizado. «El problema es que hay un montón de gente que estuvo en las organizaciones criminales que inmediatamente se les dio la suspensión, retiraron sus recursos, algunos que no lo lograron por diversas causas», afirmó el funcionario.
El caso más reciente que mencionó fue el de la esposa de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, cuyas cuentas fueron desbloqueadas por orden judicial, a pesar de estar relacionadas con presuntos ingresos ilegales.
Gómez explicó que existe una jurisprudencia que favorece a los criminales, lo cual calificó como inaceptable. «Hoy en día los tribunales colegiados están quitando de la lista de personas bloqueadas a individuos con millones vinculados con la delincuencia organizada. ¿Por qué? Es la pregunta, no tiene sentido alguno», cuestionó de manera enfática.
El titular de la UIF criticó severamente esta situación, calificándola de «malinchista» y acusando que protege intereses privados y a delincuentes que utilizan dinero proveniente de actividades ilegales. «Es el esfuerzo por proteger intereses privados a la gente de mucho dinero y a los delincuentes que se abren paso con dinero producto del delito», enfatizó.
En relación con las reformas judiciales en discusión en el Congreso de la Unión, Gómez expresó confianza en que estas situaciones cambiarán una vez que se implementen cambios significativos en el Poder Judicial. «Yo creo que las cosas van a cambiar cuando se produzca la reforma al Poder Judicial y empecemos a apreciar la autenticidad de los jueces, en función de su congruencia, de su apego a los intereses populares», comentó.
El funcionario concluyó su intervención subrayando la necesidad de actuar con determinación para corregir estas prácticas que considera perjudiciales para la justicia y el estado de derecho en México.