Por Bruno Cortés
El presidente Donald Trump ha recomendado que EE. UU. investigue a políticos mexicanos que se benefician del tráfico de drogas y personas, en un contexto marcado por la reciente extradición de Rafael Caro Quintero y 28 figuras del narcotráfico a EE. UU., un gesto que parece responder a las presiones de Washington.
En una entrevista con la revista The Spectator publicada el 28 de febrero de 2025, el presidente Donald Trump fue cuestionado sobre la posibilidad de responsabilizar a políticos corruptos que se benefician del tráfico de personas y el ingreso de fentanilo a EE. UU. Trump respondió afirmativamente, declarando: «Ciertamente, yo recomendaría que se investigaran. Ciertamente, va a depender de (la fiscal general de EE. UU.) Pam Bondi, que es excelente en lo que hace». Esta declaración, hecha en el marco de su primera entrevista de revista desde su regreso a la Oficina Oval, refleja una postura firme contra la corrupción vinculada al narcotráfico.
El contexto inmediato de esta declaración es la extradición, el 27 de febrero de 2025, de 29 figuras del crimen organizado mexicano a EE. UU., incluyendo a Rafael Caro Quintero, un notorio líder del cártel de Guadalajara, conocido por el asesinato del agente de la DEA Enrique «Kiki» Camarena en 1985. Según reportes de The Washington Post y ABC News, esta acción histórica incluyó a líderes de cárteles como los hermanos Treviño Morales, del cártel de Los Zetas, y se llevó a cabo en medio de negociaciones para evitar aranceles del 25% que Trump amenazó imponer si México no controla el flujo de drogas y migrantes. Este gesto de cooperación parece ser una respuesta directa a las políticas de Trump, quien recientemente designó a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Caro Quintero, considerado uno de los fundadores del cártel de Guadalajara, había sido liberado en 2013 por un tecnicismo, lo que generó indignación en EE. UU. Su recaptura en 2022 y posterior extradición marcan un hito en la lucha contra el narcotráfico, según declaraciones del Departamento de Justicia de EE. UU. (CNN). La conexión con la declaración de Trump radica en que esta extradición podría ser vista como un paso inicial, sugiriendo que hay más funcionarios mexicanos que podrían estar involucrados y requerir investigación, especialmente dado el historial de corrupción en el país.
El historial de investigaciones de EE. UU. sobre políticos mexicanos incluye casos notables como el de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México, condenado en 2023 en EE. UU. por aceptar millones en sobornos de cárteles, según el Departamento de Justicia de EE. UU. (Justice.gov). Otro caso relevante es el de Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, arrestado en 2020 por supuestos vínculos con cárteles, aunque México lo exoneró posteriormente, lo que generó tensiones diplomáticas (AP News). Estas investigaciones, aunque selectivas, muestran un patrón de escrutinio hacia funcionarios de alto nivel, pero no se ha especificado un número exacto de políticos actualmente bajo investigación en febrero de 2025.
La reacción del gobierno mexicano ha sido de rechazo a las acusaciones de Trump. El presidente Claudia Sheinbaum, en declaraciones a Reuters, calificó las afirmaciones de «calumnias infundadas», mientras que gobernadores de los 31 estados y la Ciudad de México emitieron un comunicado conjunto condenando las acusaciones y destacando los esfuerzos de México contra el crimen organizado (The Guardian). Esta respuesta subraya la sensibilidad diplomática del tema, especialmente en un momento de negociaciones para evitar aranceles, con México desplegando 10,000 tropas en la frontera como parte de un acuerdo temporal (Los Angeles Times).
Las implicaciones de la declaración de Trump son significativas para las relaciones bilaterales. Los expertos, como Carlos Pérez Ricart, politólogo de la Ciudad de México, argumentan que, aunque la corrupción existe, no equivale a una alianza con los cárteles, y las acusaciones podrían exacerbar tensiones (The Guardian). Will Freeman, del Council on Foreign Relations, sugiere que el crimen organizado opera como un «poder paralelo» a veces cooperando, a veces enfrentándose al estado, con corrupción más prevalente a nivel municipal (The Guardian). Esto añade complejidad a la posible extensión de investigaciones, que podrían incluir a decenas de funcionarios locales, aunque no hay datos precisos.
La falta de un número específico de políticos bajo escrutinio refleja la naturaleza clasificada de estas investigaciones. Sin embargo, el caso de García Luna y otros sugieren que EE. UU. ha focalizado a figuras de alto perfil, y la declaración de Trump podría abrir la puerta a un escrutinio más amplio. Un detalle inesperado es la reacción de Sheinbaum, quien, además de negar las acusaciones, ha propuesto medidas como renombrar América del Norte como «América Mexicana» en respuesta a comentarios previos de Trump, añadiendo un tono irónico a la diplomacia (NBC News).
En conclusión, la declaración de Trump y la extradición de Caro Quintero forman parte de un contexto de presión y cooperación entre EE. UU. y México, con implicaciones para la lucha contra el narcotráfico y las relaciones bilaterales. Mientras México busca mantener su soberanía, EE. UU. parece inclinarse hacia una postura más agresiva, aunque el alcance y los resultados de futuras investigaciones permanecen inciertos.
