La administración del presidente Donald Trump ha anunciado la revocación del estatus legal de aproximadamente 532,000 migrantes provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela. Esta medida, que entrará en vigor el 24 de abril de 2025, afectará a quienes ingresaron al país bajo el programa de «parole humanitario» implementado durante el gobierno de Joe Biden.
El programa de «parole humanitario» permitía a ciudadanos de estos cuatro países residir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante un período de dos años, siempre que contaran con un patrocinador en el país. Sin embargo, la administración Trump ha decidido poner fin a este programa, argumentando que las condiciones que justificaban su existencia han cambiado y que ya no son necesarias estas medidas humanitarias.
A partir del 24 de abril, los beneficiarios de este programa perderán sus permisos de trabajo y protecciones contra la deportación, lo que los coloca en una situación de vulnerabilidad y riesgo de ser expulsados del país. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ha señalado que los migrantes afectados deberán abandonar Estados Unidos antes de esa fecha o enfrentarán procedimientos de deportación.
Esta decisión ha generado preocupación entre organizaciones de derechos humanos y defensores de los migrantes, quienes señalan que muchos de los afectados han establecido raíces en Estados Unidos, contribuyendo a la economía y formando parte de comunidades locales. Además, algunos beneficiarios del programa ya habían iniciado procesos para obtener la residencia permanente, conocidos como «green cards», lo que añade más incertidumbre a su situación.
La revocación del estatus legal de estos migrantes también podría tener implicaciones en las relaciones diplomáticas de Estados Unidos con los países afectados. Por ejemplo, Venezuela había suspendido previamente la aceptación de vuelos de repatriación desde Estados Unidos, pero recientemente acordó reanudarlos para garantizar el retorno seguro de sus ciudadanos.
Mientras tanto, la administración Trump ha defendido su decisión, citando preocupaciones de seguridad y la necesidad de mantener la integridad del sistema migratorio. No obstante, esta medida ha sido vista por muchos como un paso hacia una política migratoria más restrictiva y una señal de las prioridades de la actual administración en materia de inmigración.
