Por Juan Pablo Ojeda

Este jueves 20 de febrero, el gobierno de Donald Trump dio a conocer oficialmente un decreto que califica a seis cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, una medida que eleva la lucha contra el crimen organizado a un nivel de mayor severidad. Los cárteles que han sido designados como terroristas por parte de Estados Unidos son: el Cártel de Sinaloa, el Cártel de Jalisco Nueva Generación, el Cártel del Noreste, el Cártel del Golfo, La Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.

El decreto publicado en el Registro Federal de Estados Unidos establece que, tras una revisión exhaustiva de los registros administrativos y una consulta con el abogado general y el secretario del Tesoro de Estados Unidos, se han encontrado pruebas suficientes para clasificar a estas organizaciones como amenazas terroristas. Esta clasificación, que entró en vigor inmediatamente tras su publicación, significa que, a partir de ahora, estos cárteles podrán ser sancionados por el gobierno estadounidense debido a su impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos.

Este paso no es una novedad, pues el propio presidente Donald Trump había mencionado esta posibilidad en sus primeros días de mandato. En ese entonces, el mandatario firmó una serie de decretos que abrieron la puerta para que se consideraran como terroristas a organizaciones criminales con presencia en México y otras partes de América Latina. De hecho, el gobierno de Estados Unidos ya había comenzado a realizar sobrevuelos con drones sobre el territorio mexicano con el objetivo de combatir a estos grupos.

La medida afecta no solo a los cárteles mexicanos, sino también a otras organizaciones criminales internacionales como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, que tienen presencia en Centroamérica y Sudamérica. Con esta clasificación, Washington intensifica su lucha contra estas estructuras criminales, que representan una grave amenaza para la seguridad y estabilidad de la región.

Reacción del Gobierno Mexicano

La reacción de México no se hizo esperar. La presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sido una de las figuras más visibles en la lucha por la seguridad en el país, respondió a la designación en su tradicional conferencia matutina. Según Sheinbaum, el gobierno mexicano mantiene una postura de colaboración con Estados Unidos en temas de seguridad, pero subrayó que esta colaboración siempre debe enmarcarse en el respeto a la soberanía nacional.

“Es una decisión que toma Estados Unidos, no es una decisión que hayan consultado con nosotros y no es una decisión que ellos toman. Para nosotros, la construcción de la paz y la cero impunidad son elementos esenciales en la política de seguridad que hemos planteado», expresó Sheinbaum. La mandataria destacó que, aunque no se puede controlar las decisiones de otros gobiernos, el enfoque de México es trabajar en conjunto para mejorar la seguridad sin permitir nunca la violación de su soberanía.

Sobre los sobrevuelos de drones, Sheinbaum recordó que estos son parte de una serie de acuerdos de colaboración entre ambos países, señalando que no se trata de operaciones ilícitas, sino de acciones coordinadas que se llevan a cabo a petición del gobierno mexicano.

Implicaciones y Desafíos

La designación de estos cárteles como organizaciones terroristas representa un cambio significativo en la forma en que Estados Unidos aborda el crimen organizado en la región. La posibilidad de que los cárteles sean sujetos a sanciones más estrictas podría afectar aún más las finanzas de estas organizaciones y limitar su capacidad operativa, pero también podría generar tensiones adicionales en la relación bilateral entre ambos países.

México, por su parte, mantiene que la lucha contra el crimen organizado debe basarse en un enfoque de colaboración, pero dejando claro que no se permitirá ninguna intervención directa en el territorio nacional que vulnere su soberanía. La postura de Sheinbaum refleja un equilibrio delicado entre la necesidad de cooperación internacional y la defensa de los intereses nacionales.

Con la situación cada vez más compleja, la presión sobre el gobierno mexicano para mejorar la seguridad en el país sigue aumentando. Los próximos pasos en este escenario podrían definir la dinámica de la relación entre México y Estados Unidos, así como las estrategias a seguir para combatir el crimen organizado en la región.

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