¿Aprovechó Trump la movida bursátil como si fuera su propio casino? El 9 de abril de 2025, mientras la Bolsa de Nueva York sudaba frío por los aranceles, Trump sacó su megáfono digital —Truth Social— y soltó: “¡ESTE ES UN GRAN MOMENTO PARA COMPRAR!”. Cuatro horas después, anunció una pausa de 90 días en los aranceles. Resultado: el S&P 500 se disparó un 9.5% y se recuperaron 4 billones de dólares en valor de mercado. Coincidencias que huelen a trampa.

Y claro, DJT —sí, las siglas de Trump Media— también subió como espuma. La acción de su empresa vio un incremento de 415 millones de dólares solo ese día, y la sospecha se encendió como cerillo en gasolinera. La mención implícita de sus intereses empresariales y el momento quirúrgico de la publicación abrieron la puerta para una posible investigación de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). ¿Estamos ante un caso de manipulación de mercado presidencial?

Legalmente hablando, la Ley de Bolsa de Valores de 1934 no se anda con rodeos. Difundir información falsa o usar datos privilegiados para alterar artificialmente los precios de las acciones puede costar caro. Si se comprueba que Trump o su círculo cercano hicieron movimientos bursátiles basados en la inminente pausa arancelaria, podría estar en problemas legales más grandes que su ego.

Senadores como Elizabeth Warren, Adam Schiff y Chris Murphy ya alzaron la voz. Piden que la SEC y el Congreso investiguen si alguien operó con ventaja. Schiff pregunta quién compró antes del anuncio. Warren no se anda con rodeos y sugiere que el expresidente buscó beneficiar a donantes de Wall Street. Y en redes, muchos ya bautizaron el caso como “Tarifazo Gate”.

Pero probar la intención es como agarrar agua con las manos. Trump puede escudarse en que su tuit fue solo un mensaje tranquilizador. La Casa Blanca ya salió a decir que fue parte de su “papel como líder económico”. Y para colmo, goza de ciertas inmunidades legales como presidente en funciones, lo que hace casi imposible una acción penal… al menos mientras siga en el poder.

Además, Estados Unidos no tiene una ley que impida a sus políticos invertir en lo que regulan. Eso ya quedó claro cuando varios congresistas salieron bien librados tras vender acciones antes del desplome bursátil por la pandemia. En este sistema, un político puede legislar sobre un sector y al mismo tiempo invertir en él. Legal, pero ¿ético?

Entonces, ¿será investigado? Sí, puede ser. ¿Será condenado? Muy difícil. Porque aunque las sospechas se acumulan, la evidencia dura es difícil de obtener sin acceso a los movimientos financieros del propio Trump y sus cercanos. El show apenas comienza, pero si algo ha demostrado la historia reciente, es que en Estados Unidos, la línea entre política y negocios se difumina más rápido que un contrato de Wall Street.