Guantánamo, una base naval en Cuba conocida por albergar a prisioneros de alto perfil relacionados con el terrorismo, ahora se transforma en un centro de detención masivo para migrantes indocumentados bajo la orden del presidente Donald Trump. Esta decisión ha generado controversia y preocupación entre grupos de derechos humanos y expertos internacionales.

La base naval de Guantánamo, ubicada en el sureste de Cuba, ha sido utilizada históricamente por Estados Unidos desde la guerra hispano-estadounidense en 1898. En 1903, se firmó un contrato de arrendamiento que permitió a Estados Unidos utilizar la base para el mantenimiento de su flota. Sin embargo, la base ha sido objeto de disputas constantes entre ambos países.

Desde los ataques del 11 de septiembre de 2001, Guantánamo ha sido conocida por su centro de detención para «combatientes enemigos», donde se han alojado prisioneros acusados de terrorismo, incluyendo a Khalid Sheikh Mohammed, considerado el cerebro detrás de los ataques del 9/11. A pesar de los intentos de los presidentes Barack Obama y Joe Biden de cerrar la instalación, Guantánamo sigue operando.

La reciente orden de Trump convierte a Guantánamo en un «campo de detención» para hasta 30,000 migrantes indocumentados. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, anunció que los primeros vuelos con migrantes hacia la base ya han comenzado. Esta medida ha sido criticada por su potencial para violar los derechos humanos, ya que las condiciones en Guantánamo han sido descritas como «horribles» por expertos de Naciones Unidas.

El Centro de Víctimas de la Tortura ha señalado que las condiciones en Guantánamo incluyen falta de agua potable, moho y ratas, además de la imposibilidad de privacidad para hablar con asesores legales. La ONG Proyecto Internacional de Ayuda para Refugiados (IRAP) ha informado que los migrantes carecen de condiciones básicas de salubridad e higiene.

La transformación de Guantánamo en un centro de detención para migrantes ha generado una fuerte reacción tanto a nivel nacional como internacional. Mientras algunos defienden la medida como una forma de proteger a la nación, otros la consideran una violación de los derechos humanos y una medida extrema en la lucha contra la inmigración ilegal.