Por Juan Pablo Ojeda
El gobierno de Donald Trump dio un paso drástico en su política migratoria este viernes al despedir a casi toda la rama de derechos civiles del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), desmantelando efectivamente los servicios relacionados con la supervisión de políticas migratorias y derechos civiles. Esta decisión afecta directamente a diversas agencias que tenían como objetivo proteger los derechos de los inmigrantes, lo que generó un gran revuelo en Estados Unidos.
Más de cien empleados de estas oficinas recibieron la notificación de que contarán con 60 días de licencia para encontrar otro puesto dentro de la Administración, o bien, serán despedidos en mayo si no logran hacerlo. Las fuentes de The New York Times señalan que esta medida representa una reforma significativa dentro del DHS, particularmente en áreas críticas relacionadas con los derechos civiles y las políticas de inmigración legal.
Entre las agencias afectadas se encuentran la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles, la Oficina del Defensor del Pueblo para la Detención de Inmigrantes, y la Oficina del Defensor del Pueblo para Servicios de Ciudadanía e Inmigración, todas encargadas de supervisar las políticas migratorias y los derechos humanos de los inmigrantes. Estas oficinas, que hasta el momento empleaban a cerca de 300 personas, tenían como misión investigar quejas y abogar por los derechos de los inmigrantes, supervisando las condiciones en los centros de detención y promoviendo la protección de menores migrantes, así como velando por el avance de solicitudes de residencia permanente y ciudadanía.
En su defensa, el DHS señaló que estas agencias a menudo «funcionaban como adversarios internos que ralentizaban las operaciones», y que su enfoque en la protección de los derechos civiles obstaculizaba la aplicación de la ley migratoria. Tricia McLaughlin, portavoz del departamento, afirmó que «estas oficinas han añadido trabas burocráticas que socavan la misión del DHS», y destacó que estas medidas buscan optimizar la supervisión del departamento, priorizando la seguridad fronteriza y el control migratorio.
Este despido masivo de personal refleja el intento del gobierno de Trump de reducir la influencia de las divisiones de derechos civiles y los mecanismos de supervisión dentro de las agencias gubernamentales estadounidenses, buscando fortalecer las políticas de control migratorio a expensas de la protección de derechos fundamentales de los inmigrantes.
