Por Bruno Cortés

En el Despacho Oval, con la solemnidad que acompaña a las decisiones de gran impacto, el presidente Trump firmó las órdenes ejecutivas que pondrán en marcha estos aranceles. La atmósfera era tensa, con asesores y periodistas observando cada gesto del mandatario. «Hoy estamos abordando una situación de emergencia», declaró Trump, citando la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como fundamento legal para su acción. La sala estaba repleta de gráficos y estadísticas sobre la crisis de fentanilo y la inmigración, que subrayaban la urgencia de su decisión.

La declaración de Trump fue clara: los aranceles serán parte de una estrategia más amplia para garantizar la seguridad nacional de Estados Unidos. «El acceso al mercado estadounidense es un privilegio, no un derecho», afirmó, destacando la disparidad en el peso del comercio en el PIB de cada país involucrado. El mensaje implícito era que Estados Unidos, con su economía robusta, tiene la capacidad y el derecho de usar su poder económico para proteger sus intereses.

La comunidad empresarial reaccionó con una mezcla de preocupación y expectación. En Wall Street, las acciones de empresas con fuerte dependencia de importaciones de estos países cayeron, mientras que sectores que podrían beneficiarse de aranceles protectores veían un ligero aumento. Los analistas financieros estaban divididos; algunos veían en esto una oportunidad para reestructurar cadenas de suministro, otros alertaban sobre el riesgo de represalias comerciales y una posible guerra comercial.

En México, la noticia cayó como un balde de agua fría. Los productores de automóviles, que dependen en gran medida del mercado estadounidense, se encontraban en reuniones de emergencia evaluando el impacto. La industria automotriz, uno de los pilares del comercio entre México y Estados Unidos, se enfrentaba a un futuro incierto, con posibles relocalizaciones de plantas o el aumento de precios para los consumidores estadounidenses.

Mientras tanto, en Canadá, la reacción fue de sorpresa y desconcierto, especialmente por la mención de su implicación en la producción de fentanilo. El gobierno canadiense, a través de su Ministerio de Seguridad Pública, emitió una declaración enfatizando su compromiso con la seguridad fronteriza y su disposición para colaborar con Estados Unidos, aunque no sin antes condenar la imposición unilateral de aranceles.

China, por su parte, respondió con cautela diplomática. El portavoz del Ministerio de Comercio chino subrayó la cooperación histórica entre ambas naciones en la lucha contra las drogas, pero no descartó posibles contramedidas comerciales si los aranceles se mantenían. La relación comercial entre Estados Unidos y China, ya tensa por conflictos anteriores, ahora se veía amenazada por un nuevo capítulo de fricciones.

En las calles de Estados Unidos, la opinión estaba dividida. En ciudades fronterizas como El Paso, Texas, o San Diego, California, la preocupación por la economía local era palpable. Sin embargo, en comunidades afectadas por la crisis de fentanilo, muchos veían en esta acción un signo de esperanza, aunque con el temor de que los costos de los productos aumentaran. La promesa de Trump de detener la «invasión» de inmigrantes ilegales y drogas resonaba fuerte, pero el impacto real de estos aranceles en la vida diaria de los ciudadanos aún era una incógnita que solo el tiempo y las políticas subsiguientes podrían desvelar.