Por Bruno Cortés
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha manifestado su intención de imponer aranceles espejo a México, lo que ha generado un debate intenso sobre el respeto al Estado de Derecho en el país latinoamericano. Fuentes estratégicas en México sugieren que esta decisión de Trump podría ser una respuesta directa a las recientes reformas judiciales impulsadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Estas reformas, que incluyen la elección popular de jueces y magistrados, han levantado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional sobre la posibilidad de erosionar la independencia judicial y, por ende, el Estado de Derecho.
La reforma judicial, aprobada en septiembre de 2024, ha sido vista por muchos analistas como una amenaza a la justicia real en México. La elección de jueces por voto popular ha generado inquietud entre empresas extranjeras, que temen que se pierda la seguridad jurídica necesaria para sus inversiones. Esta percepción se ve reforzada por las declaraciones de Trump, quien en su primer discurso presidencial en 2025, habló de la creación de un Servicio de Ingresos Externos para recaudar estos aranceles, asegurando que esto generaría «enormes cantidades de dinero» para los Estados Unidos.
En el escenario político actual, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha tratado de calmar a los inversionistas, asegurando que la reforma judicial no afectará las relaciones comerciales ni las inversiones. Sin embargo, la realidad parece indicar lo contrario. La inminente imposición de aranceles espejo por parte de la Casa Blanca refleja una preocupación más profunda sobre cómo las reformas podrían afectar la estabilidad económica y legal de México. El temor es que los jueces electos podrían actuar bajo presiones políticas más que bajo el imperio de la ley, lo cual es un principio fundamental del Estado de Derecho.
Los analistas de política mexicana han advertido que esta reforma podría ser vista como una violación de los acuerdos de libre comercio, específicamente el T-MEC, que requiere un marco legal estable y justo para la resolución de disputas comerciales. La propuesta de Trump de aranceles espejo se interpreta como una señal de que Estados Unidos está dispuesto a utilizar medidas económicas para asegurar que México mantenga un sistema judicial que garantice la justicia real, sin influencias políticas indebidas.
Desde el punto de vista de la economía, la amenaza de aranceles espejo no solo pone en riesgo las inversiones extranjeras directas, sino que también podría desestabilizar el peso mexicano y afectar las exportaciones del país hacia su principal socio comercial. La incertidumbre generada por estas políticas podría llevar a una pausa en las inversiones importantes, tal como lo han predicho firmas como Morgan Stanley en informes recientes.
En el ámbito social, la reforma judicial ha polarizado a la opinión pública. Mientras algunos creen que democratizar el sistema judicial podría limpiarlo de corrupción, otros, incluyendo a jueces y académicos, argumentan que esto podría llevar a la politización de la justicia, socavando uno de los pilares de la democracia: la independencia del Poder Judicial.
Los críticos de la reforma sostienen que, sin jueces expertos y con experiencia, el acceso a una justicia eficaz y justa podría verse comprometido, lo que a su vez podría incrementar el ya elevado nivel de impunidad en México. Esta preocupación también ha sido expresada por organizaciones internacionales de derechos humanos y cámaras de comercio extranjeras.
El gobierno mexicano se encuentra así ante un dilema: continuar con una reforma que busca erradicar la corrupción dentro del Poder Judicial a costa de potenciales represalias económicas y diplomáticas, o retroceder y ajustar la reforma para alinearse con las expectativas internacionales sobre el Estado de Derecho. La respuesta de México a esta encrucijada será crucial no solo para sus relaciones con Estados Unidos, sino también para su imagen como un país con un sistema legal confiable y justo.
En conclusión, la amenaza de aranceles espejo por parte de Trump no es solo una cuestión económica; es un claro mensaje sobre la importancia del Estado de Derecho y cómo las decisiones políticas internas de México pueden tener repercusiones internacionales significativas. La observación de cómo se desarrolla este conflicto será esencial para entender el futuro del comercio y la justicia en América del Norte.
