Por Juan Pablo Ojeda

El bloque mayoritario de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) desechó la queja presentada contra las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama, por presuntos actos anticipados de campaña. La denuncia fue inicialmente presentada por la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), que documentó al menos 10 publicaciones en redes sociales entre el 30 de octubre y el 17 de diciembre de 2024 en las cuentas personales de las tres ministras.

A pesar de los señalamientos, los magistrados Mónica Soto Fregoso, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera votaron en contra del proyecto propuesto por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, el cual buscaba invalidar un acuerdo del INE que desechaba las quejas. Las publicaciones en cuestión, que involucraban eventos realizados en diferentes estados del país, no explicaron cómo se solventaron los gastos relacionados con los viajes y participación en los eventos, aunque las ministras reciben salarios superiores a los 100 mil pesos mensuales.

Rodríguez Mondragón había señalado que, en al menos tres publicaciones, se podrían identificar llamados al voto, lo cual está prohibido antes de que comience oficialmente el periodo electoral. Sin embargo, el proyecto fue rechazado sin mayores explicaciones por los tres magistrados.

El TEPJF resolvió que, a pesar de las publicaciones, no se consideraron actos anticipados de campaña, y el caso no continuará su curso judicial. Por otro lado, los magistrados que votaron en contra no emitieron razones específicas para su decisión de desestimar la queja.

El contexto de esta decisión se da en el marco de las elecciones del Poder Judicial de la Federación, donde, en los próximos meses, los ciudadanos deberán elegir a sus nuevos representantes. Las campañas proselitistas, según el calendario electoral, comenzarán el 30 de marzo y finalizarán el 28 de mayo de 2025, con un estricto control sobre la promoción de los candidatos. En este contexto, se espera que se respeten los lineamientos del INE sobre financiamiento y expresiones públicas a favor o en contra de los aspirantes.