Por Juan Pablo Ojeda
Este viernes, los trabajadores del Poder Judicial de la Federación anunciaron que no se presentarán a laborar el próximo lunes, desafiando la orden emitida por los consejeros de la Judicatura. La decisión surge en medio de un ambiente de tensión y protesta, donde los empleados del Poder Judicial consideran que no existen las condiciones necesarias para llevar a cabo sus funciones de manera adecuada.
Durante una manifestación frente a la sede del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), Jorge Alejandro Pérez Luna, representante del colectivo “32 Circuitos Unidos”, reiteró el compromiso de los trabajadores de mantener la suspensión de actividades hasta que sus peticiones sean atendidas. “Los trabajadores votamos y estamos en paro indefinido. El escenario es seguir en suspensión y estar todavía en protesta pacífica”, afirmó Pérez Luna.
Este paro, que ya lleva 54 días, se inició con el objetivo de impedir la aprobación de una reforma que modifica la estructura del Poder Judicial en México. Desde entonces, las puertas del Palacio de Justicia de San Lázaro y otras instalaciones judiciales han permanecido cerradas, evidenciando el descontento de más de 50,000 trabajadores que piden garantías para regresar a sus labores.
Pérez Luna también destacó que, tras un análisis profundo, se determinó que las condiciones que llevaron a la suspensión de labores el 19 de agosto de 2024 no han cambiado. “La suspensión se extenderá indefinidamente hasta que existan verdaderas garantías para regresar a laborar con regularidad”, subrayó.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuitos y Jueces de Distrito (JUFED) se unió al rechazo de la reciente decisión del pleno del CJF, que aprobó entregar al Senado las listas de plazas de jueces y magistrados disponibles. Dichas listas incluyen información crítica sobre cada circuito judicial, y algunos magistrados, como Norma Piña, José Montalvo Martínez y Lilia López Benítez, votaron en contra, argumentando que esta acción violaba las suspensiones ordenadas por jueces de distrito.
Ante esta situación, la JUFED advirtió que la implementación de la reforma judicial, en contravención de las suspensiones, pone en grave riesgo la viabilidad del Estado de Derecho y la legitimidad democrática del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
El conflicto en el Poder Judicial mexicano refleja no solo las tensiones internas, sino también un momento crítico para la democracia y el sistema judicial en el país. Los trabajadores continúan luchando por condiciones dignas y la integridad del sistema judicial mexicano.