CDMX a 19 de agosto, 2024.- El Poder Judicial de México se enfrenta a un momento de gran tensión. Este lunes, trabajadores de diversos circuitos de la Judicatura Federal iniciaron un paro de labores en protesta contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum. La reforma, que propone la elección de jueces y ministros por voto popular, ha generado un fuerte rechazo entre los trabajadores judiciales, quienes consideran que pone en riesgo la independencia del Poder Judicial.
Durante la madrugada del 19 de agosto, empleados de varios circuitos cerraron simbólicamente sus instalaciones con cadenas y candados, colocando lonas y carteles en oposición a la iniciativa de AMLO. Los cierres se llevaron a cabo en puntos clave como el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) en San Lázaro, Ciudad de México; Xalapa, Veracruz; y Toluca, Estado de México. Este acto de protesta es solo el comienzo, ya que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (JUFED) llevará a cabo una votación para decidir si se suman al paro nacional.
La votación, que se realiza este lunes, determinará si jueces y magistrados pausarán sus labores a partir del 21 de agosto. En caso de aprobarse, el paro no tiene una fecha definida de conclusión y continuará hasta que sus demandas sean escuchadas. «La suspensión de labores dará inicio a las 00:00 horas del día miércoles 21 de agosto de 2024 y continuará hasta que se cumplan nuestras peticiones», señalaron en un comunicado.
Mientras tanto, el dictamen de la reforma al Poder Judicial, propuesto por AMLO, ya está listo para ser discutido en la Cámara de Diputados. Ignacio Mier, coordinador de la bancada de Morena, anunció que se han incluido más de 100 modificaciones a la iniciativa original, muchas de las cuales surgieron de los foros del Parlamento Abierto realizados en todo el país.
Este paro representa una escalada en la confrontación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, y podría tener un impacto significativo en el funcionamiento de la justicia en México. Los trabajadores judiciales buscan proteger la independencia del Poder Judicial, mientras que el gobierno argumenta que la reforma es necesaria para democratizar y transparentar el sistema judicial.