CDMX a 19 de agosto, 2024.- Este lunes 19 de agosto, los trabajadores del Poder Judicial en México han decidido suspender labores de forma indefinida en una protesta masiva contra la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reforma, que propone, entre otras cosas, la elección de jueces y ministros por voto popular, ha generado gran controversia dentro del sistema judicial, llevando a los empleados a tomar medidas drásticas.
Juan Javier Jiménez Alcántara, secretario del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal, fue el encargado de leer el comunicado en el que se anunció la suspensión de actividades. Desde la madrugada, trabajadores independientes de diversos circuitos de la Judicatura Federal cerraron simbólicamente sus instalaciones en ciudades como Ciudad de México, Veracruz, y el Estado de México. Las entradas fueron aseguradas con cadenas y candados, y las paredes se cubrieron con carteles que expresaban el rechazo a la iniciativa de AMLO.
La protesta no solo involucra a trabajadores de base. La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial (Jufed) también está evaluando su participación en el paro. Este mismo lunes, llevarán a cabo una votación para decidir si se suman a la suspensión de labores. Si la mayoría vota a favor, se espera que jueces y magistrados detengan sus actividades a partir del 21 de agosto. Lo más preocupante es que no se ha establecido una fecha para la reanudación de las labores, dejando en incertidumbre el funcionamiento de los tribunales en todo el país.
La reforma al Poder Judicial ha sido uno de los temas más discutidos en el actual gobierno, y esta reacción del Poder Judicial evidencia la tensión entre los diferentes poderes del Estado. Los trabajadores y magistrados han expresado su preocupación por lo que consideran un ataque a la independencia judicial, una de las piedras angulares de la democracia.
Con este paro, los trabajadores buscan hacer escuchar sus demandas y presionar al gobierno para que reconsidere la reforma. Mientras tanto, la ciudadanía enfrenta la posibilidad de retrasos significativos en los procesos judiciales, afectando a miles de personas en todo el país.