Por Bruno Cortés
Imagen By Grok AI
En 2025, y la política internacional volverá a poner en jaque las relaciones entre México y Estados Unidos. Con su segundo mandato en puerta, Donald Trump desempolva una de sus propuestas más polémicas: designar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. Suena rudo, incluso prometedor para muchos en Estados Unidos, pero la medida tiene aristas legales, de soberanía y de seguridad que no podemos ignorar.
Bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad, el presidente estadounidense tiene el poder de clasificar grupos extranjeros como terroristas, siempre y cuando cumplan con ciertos criterios: ser organizaciones extranjeras, realizar actividades terroristas y amenazar la seguridad nacional. Y sí, los cárteles cumplen con el checklist. Pero, ¿realmente es una solución o una cortina de humo política?
El peso de la etiqueta: «terroristas»
De entrada, la designación trae consecuencias inmediatas. Congelación de activos, prohibición de apoyo financiero y sanciones más severas para cualquiera que colabore con estos grupos. Además, podría endurecer las políticas migratorias de Estados Unidos. Aquí entra el dilema: ¿qué pasa con migrantes que, obligados por el contexto, tuvieron algún contacto con estas organizaciones? El simple hecho de estar asociados, aunque sea por coerción, podría cerrarle la puerta a muchas personas que buscan refugio legítimo.
Pero el tema más delicado es la posibilidad de justificar intervenciones militares en México. Aunque el discurso de Trump no habla directamente de enviar tropas, este tipo de clasificación podría ser la antesala de operaciones encubiertas, ataques con drones o incluso despliegues de inteligencia en territorio mexicano. ¿Soberanía? A estas alturas parece más un concepto que una realidad.
La postura mexicana: firmeza y rechazo
Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido clara: México no permitirá ninguna injerencia que violente su soberanía. El gobierno mexicano, históricamente reacio a esta etiqueta, teme que la narrativa de los cárteles como terroristas desplace el enfoque de la cooperación bilateral hacia un esquema de imposiciones. Y con razón.
Los críticos también señalan que esta designación podría afectar la imagen internacional de México, reforzando estigmas de un país incapaz de controlar su seguridad interna. Esto no solo golpea el orgullo nacional; también puede tener un impacto económico, ahuyentando inversiones y dificultando el comercio.
Migración y seguridad: una mezcla explosiva
Las políticas migratorias podrían endurecerse bajo el pretexto de combatir al «terrorismo». En este escenario, migrantes que ya enfrentan condiciones adversas se verían en una situación aún más vulnerable, mientras Estados Unidos intensifica las revisiones a empresas y personas provenientes de México.
Y en el ámbito legal, ¿qué tan efectivo sería este movimiento? Estados Unidos ya tiene herramientas como la Ley Kingpin para perseguir a los cárteles. Entonces, ¿es realmente necesario etiquetarlos como terroristas o se trata de un acto simbólico con fines políticos?
El camino a seguir
Lo que queda claro es que esta designación es una bomba de tiempo. Si bien la intención de Trump parece estar dirigida a reforzar la seguridad interna de Estados Unidos, las repercusiones en México son inevitables: tensiones diplomáticas, riesgos para la soberanía, impactos económicos y un escenario migratorio más complejo.
México debe fortalecer su postura y demostrar que puede manejar su seguridad interna con estrategias propias. En lugar de ceder ante presiones externas, es momento de priorizar una agenda binacional basada en la cooperación, no en la imposición.
Porque al final del día, esta medida no solo desafía la legalidad; también pone en juego la relación más importante de México en el escenario internacional. Y en política, como en la vida, las etiquetas no siempre resuelven los problemas, pero sí pueden agrandarlos.