El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revocó el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) que fijaba un tope único de 220 mil pesos para los gastos de campaña en la elección judicial. Con esta decisión, tomada por mayoría de votos, el INE deberá ajustar los montos de manera diferenciada según el tipo de elección, considerando factores como el cargo, el electorado y la territorialidad.

¿Por qué se revocó el acuerdo?

El INE había establecido un tope de 220 mil 326 pesos para todas las candidaturas, sin importar si eran nacionales o regionales. Esta cifra estaba basada en el límite permitido para candidaturas independientes a diputaciones federales.

Sin embargo, tres aspirantes, entre ellos Emanuel Montiel Flores y dos candidatos a ministros de la Suprema Corte, impugnaron el acuerdo argumentando que atentaba contra sus derechos y el principio de equidad. Alegaron que, en términos prácticos, las candidaturas estatales podrían acceder a más recursos, generando una contienda desigual.

Decisión del Tribunal y consecuencias

El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón planteó la necesidad de ajustar los montos a cada tipo de elección, fundamentándose en la base legal, pero diferenciando según el cargo y la territorialidad. Con la revocación, el INE deberá ahora definir nuevos límites de gasto que garanticen condiciones equitativas para todos los candidatos.

Esta decisión podría modificar el panorama de la elección judicial, ya que los aspirantes tendrán diferentes márgenes de gasto dependiendo del puesto al que aspiren.

Desafíos y preocupaciones

Uno de los puntos clave es que la Constitución prohíbe el financiamiento público o privado para las campañas de estos puestos judiciales. Esto significa que los candidatos deberán cubrir todos sus gastos con recursos propios, lo que genera inquietudes sobre la equidad de la contienda.

Al respecto, la magistrada Janine Otalora advirtió que un aumento excesivo en los topes de gasto podría favorecer a quienes cuenten con mayor capacidad económica, afectando la igualdad de condiciones entre los aspirantes.

Ahora, la decisión queda en manos del INE, que deberá ajustar los límites de manera justa y equitativa para evitar distorsiones en la elección judicial.