TEPJF Descarta Investigación sobre Financiamiento Alterno en Campaña de Sheinbaum
Editor web Maya Comunicación 
Ciudad de México, martes 21 de febrero de 2024.– El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha resuelto no proceder con la investigación sobre el presunto financiamiento «alterno» para la campaña de Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Sigamos haciendo historia, con recursos destinados a la liquidación de trabajadores de la extinta agencia de noticias Notimex. La decisión se tomó tras una sesión marcada por la división de opiniones entre los magistrados del pleno.
El bloque liderado por la magistrada presidenta Mónica Soto y los llamados «felipes» logró imponerse ante la propuesta de la magistrada Janine Otálora y Reyes Rodríguez, quienes abogaban por una revisión exhaustiva del caso por parte del Instituto Nacional Electoral (INE). La controversia giró en torno a la posible utilización de recursos públicos en beneficio de la campaña electoral de Sheinbaum, una acusación inicialmente planteada por Xóchitl Gálvez, aspirante de Fuerza y Corazón por México.
La propuesta de Otálora, que sugirió no desechar la denuncia y exigir al INE una investigación profunda sobre el supuesto financiamiento ilícito, fue rechazada por tres votos contra dos. Por su parte, la magistrada Soto propuso confirmar la decisión previa del INE, argumentando la falta de elementos suficientes para considerar la denuncia como no frívola, a pesar de las declaraciones y pruebas potenciales mencionadas por testigos y terceros involucrados.
Este fallo del TEPJF subraya la complejidad y el delicado equilibrio entre la necesidad de investigar alegaciones de corrupción y el riesgo de politizar procesos judiciales electorales. La decisión ha sido interpretada por algunos como una victoria para la campaña de Sheinbaum, mientras que otros la ven como una oportunidad perdida para profundizar en la transparencia y la rendición de cuentas en el financiamiento electoral.
El fallo ha generado un debate sobre la eficacia de los mecanismos de vigilancia electoral y la capacidad de las instituciones para garantizar la equidad en la competencia política, especialmente en un contexto en el que las acusaciones de uso indebido de recursos públicos continúan siendo un tema recurrente en la política mexicana.
