Por Juan Pablo Ojeda

En una sesión privada celebrada este lunes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por mayoría el proyecto de la magistrada presidenta Mónica Aralí Soto Fregoso, el cual establece que será el Senado de la República el encargado de sustituir al Comité de Evaluación del Poder Judicial (CEPJ). Esta decisión se toma después de que el CEPJ suspendiera sus actividades relacionadas con la selección de aspirantes para el próximo proceso electoral del 1 de junio.

El proyecto de Soto Fregoso fue aprobado por la mayoría de los magistrados presentes, incluidos ella misma, Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Sin embargo, las magistradas Janine Otálora Malassis y Reyes Rodríguez Mondragón votaron en contra de la propuesta, generando una división en la votación.

El fallo establece que, una vez notificado, la Mesa Directiva del Senado tendrá un plazo de 24 horas para emitir el acuerdo y las medidas necesarias para llevar a cabo el procedimiento de insaculación pública. Este procedimiento se realizará con los aspirantes que hayan cumplido con los requisitos de elegibilidad, los cuales fueron evaluados por el CEPJ y superaron el umbral de más de 3,000 solicitantes. Dicho procedimiento será crucial, ya que de ahí se seleccionarán los candidatos que aparecerán en la boleta electoral.

La magistrada Soto también incluyó en su propuesta un «blindaje» legal para evitar mayores interrupciones en el proceso, en caso de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida no aprobar las ternas o duplas resultantes del proceso de insaculación. Según el acuerdo, el Senado podrá remitir directamente las candidaturas al Instituto Nacional Electoral (INE) para continuar con el procedimiento electoral, incluso si la Corte no valida las listas.

Uno de los puntos más relevantes del acuerdo es que, a más tardar el 12 de febrero, el Senado deberá remitir las listas definitivas de los candidatos seleccionados al INE. Estos aspirantes serán los que realizarán campaña proselitista, que incluirá spots en radio y televisión, así como la distribución de folletos, los cuales deberán financiar con sus propios recursos.

La semana pasada, la Suprema Corte decidió atraer los amparos relacionados con el caso, lo que tiene como objetivo determinar si el Comité de Evaluación debe o no continuar con el proceso de selección. El ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena está a cargo de analizar estos amparos, que son clave para definir la viabilidad del proceso.