Con la misión de calificar la elección presidencial antes del 6 de septiembre, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha lanzado una convocatoria inédita para que académicos, expertos electorales y ciudadanos participen en audiencias públicas. Este proceso busca aumentar el conocimiento de los magistrados sobre el proceso electoral a través de razonamientos e información científica y jurídica relevante.
La comisión encargada de elaborar el proyecto de declaratoria de validez o invalidez de la elección presidencial está integrada por los magistrados Felipe de la Mata Pizaña y Felipe Alfredo Fuentes Barrera. Esta comisión invita a instituciones académicas, organizaciones vinculadas con la democracia y elecciones, y al público en general a comparecer como amigos de la corte (amicus curiae). Las exposiciones realizadas en estas audiencias tienen como único fin proporcionar información que ayude a los magistrados a tomar una decisión informada.
Para garantizar la imparcialidad, quienes deseen participar no deben estar vinculados con los actores que presentaron las impugnaciones, es decir, los partidos Acción Nacional (PAN), Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD). Estos partidos presentaron tres «recursos madre» solicitando la invalidez de la elección presidencial, además de 236 juicios de inconformidad contra los cómputos electorales.
Se espera que todas las impugnaciones y juicios de inconformidad sean resueltos antes del 31 de agosto, para calificar la elección presidencial antes del 6 de septiembre. En caso de declarar la validez de la elección, Claudia Sheinbaum recibiría la constancia como Presidenta electa.
Para dar transparencia al proceso, el TEPJF creará un micrositio en su página web donde se publicarán versiones públicas de los documentos, impugnaciones, pruebas y opiniones presentadas en las audiencias. Este expediente será enviado al Archivo General de la Nación una vez concluido el Proceso Electoral Federal.
Estas audiencias públicas representan una oportunidad histórica para que la ciudadanía y los expertos contribuyan al proceso de calificación de la elección presidencial. Este ejercicio busca fortalecer la democracia mediante la transparencia y la participación activa de diversos sectores de la sociedad.