Un importante revés para el Instituto Nacional Electoral (INE) se ha producido en la Ciudad de México, donde un juez de distrito ha emitido una orden para que la institución se abstenga de implementar el proceso electoral judicial correspondiente al período 2024-2025. Esta medida afecta la elección de jueces, magistrados y ministros, así como la emisión de acuerdos necesarios para su organización y supervisión.
La suspensión provisional fue solicitada por Erika Nictehá Flores Gutiérrez, representante legal de la Fundación Iris, una asociación civil dedicada a la promoción y defensa de los Derechos Humanos. La decisión fue tomada por Francisco Javier García Contreras, titular del Juzgado Segundo de Distrito con sede en Colima, quien otorgó un plazo de 24 horas a las autoridades para acatar la medida. En caso de incumplimiento, el juez advirtió que se impondrían penas de tres a nueve años de prisión, multas que van de 150 a 500 días, y la destitución e inhabilitación de los funcionarios involucrados.
El juez fundamentó su decisión en la argumentación de que el proceso legislativo que dio origen a la reforma judicial fue viciado desde su inicio, violando así el principio de seguridad jurídica. En este contexto, se le ha solicitado al Senado que se abstenga de emitir convocatorias para integrar las listas de candidaturas que participarán en la elección extraordinaria para renovar los cargos del Poder Judicial de la Federación.
La orden judicial también se extiende a las autoridades legislativas, prohibiendo la modificación de leyes federales y locales relacionadas con la reforma judicial por un periodo de 180 días. Esto impide, entre otras cosas, que el Consejo de la Judicatura Federal ejecute un plan de trabajo para la transferencia de recursos al Tribunal de Disciplina Judicial.
La audiencia incidental está programada para el 30 de septiembre, donde se decidirá si se concede una suspensión definitiva al respecto. Este desarrollo ha generado un ambiente de incertidumbre y ha puesto de relieve las tensiones en torno a la reforma judicial en el país, un tema que continúa siendo objeto de intensos debates y movilizaciones sociales.
Con el futuro del Poder Judicial en juego, este caso podría marcar un precedente significativo en la lucha por la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial en México. La atención ahora se centra en las acciones que tomarán las autoridades ante esta inesperada decisión y en las implicaciones que tendrá para el sistema judicial del país.