Tensión entre el INE y el Poder Judicial por la posibilidad de sanciones a funcionarios de casilla
Editor web Maya Comunicación 
Por Juan Pablo Ojeda
La consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, rechazó enérgicamente la idea de que los ciudadanos que participen como funcionarios de casilla o aquellos que acudan a votar puedan ser sujetos a sanciones penales. En una conferencia de prensa celebrada el 13 de enero, Taddei calificó de “narrativa perversa” la posibilidad de que se amenace a los ciudadanos con castigos legales por ejercer su derecho al voto o colaborar como funcionarios de casilla en las elecciones.
Taddei expresó su rechazo a esta idea, subrayando que esta postura no solo es absurda, sino que también afectaría el ejercicio de la libertad de expresión, señalando que, de ser tomada en cuenta, también los periodistas podrían ser sancionados por informar sobre el proceso electoral y la reforma judicial. «Es como si llegáramos al colmo de los absurdos, por hacer tu trabajo y preguntar sobre la reforma judicial a ti te sancionará el Poder Judicial», comentó la presidenta del INE, cuestionando las implicaciones de esta propuesta.
Posibles sanciones y el contexto judicial
El contexto de este enfrentamiento surge debido a los recientes pronunciamientos sobre la reforma judicial en México, que han generado tensiones entre diversos poderes del Estado. La preocupación radica en que los ciudadanos, al participar como funcionarios de casilla en las elecciones relacionadas con la reforma judicial, podrían verse involucrados en una reforma impugnada judicialmente, lo que generaría riesgos legales para quienes colaboren en este proceso.
Por su parte, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) respondió a los comentarios de Taddei. En un comunicado de prensa, la Jufed aseguró que el incumplimiento de las suspensiones judiciales podría resultar en responsabilidad legal, tal como lo estipula la Constitución y la Ley de Amparo. La asociación refirió que no se trataba de una amenaza, sino de un llamado preventivo para proteger a los ciudadanos de una posible vulnerabilidad jurídica.
«La calificación de ‘perversa’ refleja, en el mejor de los casos, una incomprensión de nuestras funciones y, en el peor, un intento por desvirtuar la importancia de garantizar el cumplimiento de las decisiones judiciales», señaló el comunicado de la Jufed, reafirmando su postura de que la ciudadanía debe actuar con cautela en relación con las reformas judiciales impugnadas.
La división de opiniones sobre la reforma judicial
Este desacuerdo entre el INE y el Poder Judicial refleja las tensiones existentes respecto a la reforma judicial en México. Mientras algunos sectores critican la posible intervención de funcionarios judiciales en el ámbito electoral, otros insisten en la necesidad de cumplir con las decisiones judiciales para asegurar que las reformas se realicen conforme a derecho.
La controversia ha puesto sobre la mesa el debate acerca de la independencia de las instituciones y el respeto a la legalidad, sobre todo cuando se trata de temas sensibles como la reforma judicial, que podría afectar la estructura del sistema de justicia en el país.
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