Supremacía Constitucional: ¿Blindaje político o amenaza a los derechos humanos?
Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
La reciente discusión en el Senado sobre la reforma de supremacía constitucional ha encendido un fuerte debate entre legisladores de todos los bandos. Con el dictamen ya turnado a la Mesa Directiva y publicado en la Gaceta Parlamentaria, la propuesta de modificar varios artículos de la Constitución, impulsada por el senador Adán Augusto López, ha puesto sobre la mesa temas clave que podrían transformar el balance de poder entre el Legislativo y el Poder Judicial en México.
¿Qué propone la reforma y qué ha cambiado?
La iniciativa original buscaba, entre otras cosas, que las reformas constitucionales fueran inimpugnables mediante el juicio de amparo, controversia constitucional o acción de inconstitucionalidad, lo que despojaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de su capacidad para invalidar reformas promovidas por el Congreso. Pero lo que más ruido hizo fue la propuesta de modificar el artículo 1°, que limitaba el control de convencionalidad, es decir, el poder de los tribunales mexicanos para aplicar normas internacionales de derechos humanos.
Tras un aluvión de críticas de la oposición, esta parte fue retirada, y los detractores lo celebraron como una pequeña victoria para la defensa de los derechos humanos. Sin embargo, el fondo del proyecto sigue generando controversia, pues persiste el objetivo de que las reformas constitucionales no puedan ser impugnadas por la SCJN. Según López, estas reformas son la expresión soberana del pueblo mexicano y no deben ser desafiadas.
La resistencia de la oposición: ¿Qué está en juego?
El tema ha generado fuertes reacciones en la oposición, que ve en esta reforma un intento claro del gobierno por consolidar su poder y, potencialmente, avanzar hacia un régimen autoritario. Líderes de los partidos opositores han llamado a frenar lo que consideran una «aberración legal» que podría socavar las garantías fundamentales que protegen a los ciudadanos.
Los temores de la oposición no son infundados. Al eliminar la posibilidad de que las reformas constitucionales sean revisadas judicialmente, se podría abrir la puerta a leyes que limiten derechos ya consagrados, lo que sería especialmente peligroso en un contexto donde, en los últimos años, se han logrado importantes avances en materia de derechos humanos. La crítica principal es que esta reforma debilita uno de los pilares del sistema democrático: el control judicial.
Consecuencias económicas y jurídicas
Más allá del choque político, la reforma podría traer consigo incertidumbre jurídica y afectar la estabilidad económica. La falta de mecanismos para impugnar decisiones legislativas podría generar dudas sobre la aplicación de la ley en México, lo que, a su vez, podría influir negativamente en la confianza de los inversionistas. Si las reglas del juego pueden cambiar sin revisión judicial, el país podría enfrentar un escenario de volatilidad en términos económicos y legales.
El dilema del equilibrio de poderes
La clave de todo este debate está en el equilibrio entre los poderes. Por un lado, la mayoría oficialista asegura que se trata de respetar la voluntad popular expresada a través de las reformas constitucionales aprobadas en el Congreso. Por el otro, la oposición teme que esta voluntad se utilice para erosionar los contrapesos necesarios en una democracia funcional, donde el Poder Judicial tiene la responsabilidad de velar por los derechos fundamentales.
¿Blindaje o retroceso?
Mientras el Senado avanza en la discusión de la reforma de supremacía constitucional, el país observa con cautela. ¿Estamos frente a un blindaje legítimo de las reformas del gobierno, o ante un retroceso en la protección de los derechos humanos? El desenlace de este debate podría definir no solo el marco legal del país, sino también el rumbo de su democracia en los próximos años.
