Suprema Corte valida leyes contra violencia familiar psicoemocional y patrimonial en CDMX

CDMX a 5 de abril, 2024.- En un movimiento histórico dentro del marco jurídico mexicano, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha confirmado la constitucionalidad de artículos cruciales del Código Penal de la Ciudad de México que tipifican como delitos la violencia familiar de tipo psicoemocional y patrimonial. Esta decisión surge tras la revisión de un amparo promovido por una persona vinculada a proceso penal, lo que subraya el compromiso del máximo tribunal con la protección de las víctimas de violencia dentro del núcleo familiar.

Este fallo representa un paso significativo hacia el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos, específicamente en lo que respecta a garantizar a las mujeres el derecho a una vida libre de violencia. La resolución se alinea con la urgente necesidad de combatir las estructuras de desigualdad y dominación que históricamente han afectado a las mujeres, al reconocer y sancionar conductas que perpetúan la violencia familiar.

Los artículos en cuestión, producto de una armonización legislativa meticulosa, definen con precisión las conductas que constituyen violencia familiar, permitiendo así una colaboración efectiva entre las autoridades legislativas y judiciales. Este enfoque garantiza una interpretación jurídica adecuada de las normas, asegurando que quienes incurran en estas conductas enfrenten las consecuencias establecidas por la ley.

Más allá de la tipificación penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación subrayó que el bien jurídico tutelado por estos artículos es el derecho humano a vivir una vida libre de violencia en el contexto familiar. Este enfoque no solo resalta la importancia de proteger a las víctimas sino también de promover una sociedad más equitativa y justa para todos sus miembros.

Con este fallo, la Primera Sala ha sentado un precedente importante en la lucha contra la violencia familiar en México, evidenciando el papel fundamental del sistema judicial en la promoción de los derechos humanos y la erradicación de la violencia de género. Además, invita a una reflexión profunda sobre la necesidad de implementar una perspectiva de género en todos los niveles del proceso judicial, desde la legislación hasta la aplicación de la ley.