CDMX a 6 de agosto, 2024.- Durante la conferencia matutina del 6 de agosto, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) federal reconoció que el crimen organizado representa un peligro constante para los menores de edad en México. Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la SSyPC, afirmó que existe un riesgo latente de que niños y jóvenes sean atraídos hacia actividades delictivas, especialmente en zonas donde prevalece el tráfico de drogas.
Entre 2020 y 2024, se han iniciado 958 carpetas de investigación por trata de menores en México, de las cuales 740 corresponden a niñas y adolescentes y 218 a niños y adolescentes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Esta alarmante cifra refleja el creciente problema que enfrenta el país.
Un reciente informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) reveló que el 6% de los menores en situación de movilidad en México en 2023 no estaban acompañados, lo que equivale a 6,732 menores en situación irregular. Este grupo vulnerable es especialmente susceptible a la explotación por parte del crimen organizado.
La UNODC subrayó la necesidad de impulsar iniciativas de cooperación en comunidades indígenas y afromexicanas, donde la falta de oportunidades educativas y laborales exacerba el riesgo de reclutamiento por parte de grupos delictivos. Entre los proyectos destacados se encuentra «Intervenciones sólidas para combatir la trata de personas en México», implementado en colaboración con los gobiernos de Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México y Chiapas.
Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) está trabajando junto con las autoridades de Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo, proporcionando capacitaciones y acompañamiento técnico para desarrollar rutas de detección y canalización de víctimas.
Las entidades mencionadas, muchas de las cuales están en disputa territorial entre grupos de delincuencia organizada, enfrentan un desafío significativo en la protección de sus menores. Estos grupos buscan controlar las rutas de tráfico de drogas, armas y personas, poniendo en riesgo la seguridad y el bienestar de los niños y adolescentes en estas regiones.