En un contundente señalamiento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) expuso este martes graves irregularidades en el Centro de Justicia Penal Federal (CJPF) de Nuevo León, acusándolo de entorpecer la impartición de justicia en casos de gran relevancia fiscal. La denuncia fue presentada durante la conferencia matutina en Palacio Nacional por el subsecretario de Seguridad, Luis Rodríguez Bucio, en la sección Cero Impunidad.
Según Rodríguez Bucio, el CJPF de Nuevo León ha incumplido sistemáticamente con su deber de administrar justicia en asuntos fiscales que involucran sumas considerables, lo que ha generado serios obstáculos en la conclusión expedita de los procesos judiciales. «Este centro ha demorado las audiencias iniciales con el pretexto de una carga de trabajo excesiva, licencias de jueces y ajustes en las agendas judiciales», afirmó el subsecretario.
El funcionario proporcionó ejemplos específicos para ilustrar la gravedad de la situación, destacando siete causas penales que representan un total de 3 mil 228 millones 951 mil 88 pesos. En estos casos, las audiencias han sido diferidas hasta en cuatro ocasiones o reprogramadas por períodos de hasta un año, lo cual, según la SSPC, constituye una clara violación al derecho de los ciudadanos a una justicia expedita, tal como lo garantizan la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.
«Se considera que no se ha impartido justicia adecuadamente debido a las significativas demoras en las audiencias iniciales y de juicio oral», agregó Rodríguez Bucio. Además, destacó que otros Centros de Justicia Penal Federal con cargas de trabajo más altas no presentan problemas similares, lo que sugiere posibles deficiencias específicas en la gestión del CJPF de Nuevo León.
La revelación de la SSPC ha suscitado preocupación entre los observadores judiciales y la sociedad civil, quienes han demandado una pronta y efectiva intervención para resolver estas irregularidades y garantizar el debido proceso en todos los casos, especialmente aquellos de relevancia económica y fiscal.
Hasta el momento, las autoridades del CJPF de Nuevo León no han emitido declaraciones públicas al respecto, pero se espera que este señalamiento genere un debate sobre la eficiencia y transparencia del sistema judicial federal en México.