Por Juan Pablo Ojeda
El caso de los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa ha dado un nuevo giro en sus investigaciones tras una larga espera por parte de los padres de las víctimas, quienes finalmente se reunieron con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La reunión, cargada de emoción y tensión, ha conducido a varias decisiones clave que buscan avanzar en la resolución de uno de los episodios más oscuros de la historia reciente de México.
Una de las acciones destacadas es la intervención de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que ha tomado la iniciativa de solicitar la extradición de Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC). Zerón, quien ha sido vinculado con el caso Ayotzinapa, se encuentra actualmente en Israel, y la SRE ha enviado una carta al gobierno israelí para iniciar un diálogo con el objetivo de obtener su extradición. La SRE ha indicado que, a pesar de las complicaciones debido a la situación de guerra en Israel, existe una disposición de colaboración por parte de ese país.
Además de la solicitud de extradición de Zerón, se están gestionando las peticiones para la extradición de José Ulises Bernabé y Abraham Eslava Arvizu. Bernabé, quien cuenta con asilo político en Estados Unidos, está vinculado con la investigación y se busca revertir su estatus de protección para que pueda enfrentar la justicia en México.
Las investigaciones del caso continúan avanzando. Hasta el momento, el gobierno federal ha obtenido información valiosa a través de 19 entrevistas con testigos e informantes nuevos. Esta información es crucial para identificar a los responsables directos e intelectuales del ataque a los estudiantes. Según la SRE, algunos de estos testigos alegaron haber sido torturados para confesar, y esta información está ayudando a esclarecer la verdad detrás de los trágicos eventos.
El presidente López Obrador ha reiterado su compromiso de seguir buscando a los estudiantes desaparecidos y asegurar que todos los involucrados sean llevados ante la justicia. Aseguró que las investigaciones se mantendrán activas hasta el último día de su mandato y descartó cualquier posibilidad de que el caso sea archivado o que se oculte información relevante.
Por su parte, Arturo Medina Padilla, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, ha proporcionado detalles sobre las inspecciones en el 27 Batallón de Infantería en Iguala, Guerrero. Estas revisiones, realizadas entre el 31 de julio y el 2 de agosto, y luego entre el 15 y el 16 de agosto de 2024, forman parte de los esfuerzos para esclarecer la verdad sobre lo ocurrido.
En conclusión, el caso Ayotzinapa sigue siendo una prioridad para el gobierno mexicano, que está tomando medidas significativas para avanzar en la investigación y asegurar que se haga justicia. La colaboración internacional y la revisión exhaustiva de las evidencias siguen siendo esenciales para resolver este trágico misterio.