CDMX a 4 de junio, 2024.- Un estudio reciente del Instituto Belisario Domínguez (IBD) ha arrojado luces sobre el estado actual de las funciones policiales en México. Sorprendentemente, solo quince entidades federativas están cumpliendo con las funciones policiales establecidas en la ley. Este informe, elaborado por los investigadores Juan Manuel Rodríguez Carillo y Miguel Ángel Barrón González, destaca la preocupante disparidad en el cumplimiento de las obligaciones policiales a nivel estatal.
De acuerdo con el Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal del año 2022, únicamente quince estados han asignado personal de las corporaciones policiales para llevar a cabo las funciones de investigación, prevención, proximidad social y reacción tal como lo establece la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Entre las entidades que destacan por su cumplimiento se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Ciudad de México, Colima, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas. Estas han destinado recursos humanos y financieros para abordar todas las áreas fundamentales de la seguridad pública.
Sin embargo, la situación revelada por el estudio también señala la falta de cumplimiento en varias regiones del país. Solo once estados, incluyendo a Baja California, Campeche, Colima, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz, han integrado estas funciones en sus respectivas leyes de sistemas estatales de seguridad pública.
En cuanto a la distribución de personal policial por cada mil habitantes, la Ciudad de México lidera con un promedio de 9.7 elementos policiales, seguida de cerca por Tabasco con 2, Yucatán con 1.5 y Tamaulipas, Nayarit, Guerrero y Campeche, todos con un promedio de 1.2 elementos por cada mil habitantes durante el año 2022.
El estudio del IBD pone de manifiesto la necesidad urgente de abordar las deficiencias en el cumplimiento de las funciones policiales en México. Con solo quince entidades cumpliendo plenamente con las obligaciones establecidas por la ley, es evidente la necesidad de una acción coordinada a nivel nacional para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los mexicanos.