Por Juan Pablo Ojeda

La diplomacia mexicana enfrenta uno de sus episodios más oscuros en la era contemporánea tras la muerte de dos agentes de la CIA en Chihuahua. Más allá del hecho fortuito del accidente, el incidente saca a la luz una realidad incómoda: la existencia de operaciones clandestinas de inteligencia extranjera que operan en los márgenes de la ley mexicana, a veces con la connivencia de autoridades locales que ignoran la autoridad de la Cancillería.

La renuncia del fiscal de Chihuahua tras confirmarse que la Presidenta desconocía la operación subraya la crisis de comunicación institucional. El derecho internacional y la Ley de Seguridad Nacional son claros al prohibir tales incursiones, pero la práctica política parece haberse alejado de la norma escrita. El pragmatismo, para algunos, se ha convertido en una cesión de soberanía.

El contexto geopolítico no permite errores. El gobierno de Estados Unidos, bajo la actual administración, ha dinamitado los puentes del orden multilateral, imponiendo aranceles y amenazas que obligan a sus vecinos a adoptar posiciones extremas. La decisión de México de arancelar productos chinos al 50% y de romper el suministro energético a Cuba responde a una lógica de supervivencia económica dentro del T-MEC.

La crítica del excanciller Jorge Castañeda —quien admite no estar de acuerdo con las acciones pero confiesa no ver alternativas— resume el dilema de la Presidencia. Sheinbaum navega un escenario de estrecho margen de maniobra, donde cada decisión es el resultado de un cálculo sobre el costo de la resistencia frente al costo de la sumisión.

La imagen de una presidenta entregada al trabajo extremo, destacada por la prensa estadounidense, es, en realidad, el retrato de un liderazgo bajo sitio. La complejidad de gestionar cárteles con alta capacidad de fuego y una economía volátil es, en sí misma, una tarea monumental que requiere más que horas de trabajo: requiere un diseño estratégico que no sacrifique la integridad nacional a cambio de la estabilidad momentánea.

La lección que deja el caso Chihuahua es que la informalidad en la cooperación con los servicios de inteligencia estadounidenses tiene un costo de vidas y de legitimidad. La necesidad de fortalecer las instituciones nacionales es evidente: una seguridad nacional que no se ejerce con plena autonomía corre el riesgo de ser una seguridad nacional ajena.