Por Juan Pablo Ojeda

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, reveló que la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) ha emitido una ficha roja contra el exgobernador Silvano Aureoles Conejo, quien es acusado de participar en un desfalco millonario durante su administración.

En una conferencia de prensa, Ramírez Bedolla aclaró que Aureoles Conejo es actualmente un prófugo de la justicia debido a los presuntos delitos que se le imputan, en especial su involucramiento en una red de corrupción que habría provocado un desfalco de más de tres mil 412 millones de pesos. Este dinero se habría malversado a través de contratos adjudicados de manera directa a la empresa Inmobiliaria DyF S.A. de C.V., que supuestamente gestionó propiedades para el gobierno estatal.

El gobernador detalló que la investigación en curso ya ha resultado en la detención de varios exfuncionarios del gobierno de Aureoles, entre ellos, el exsecretario de Finanzas, Carlos “N”. Sin embargo, el exfuncionario consiguió recientemente un amparo, lo que ha levantado algunas interrogantes sobre el avance del proceso judicial. Ramírez Bedolla desestimó la importancia de este amparo, calificándolo como un “amparo patito” que no le otorga la libertad y solo le permite comunicación con las autoridades carcelarias.

Además de Carlos “N”, otros exfuncionarios implicados en el esquema delictivo han sido arrestados, entre ellos Antonio “N” (exsecretario de Seguridad Pública), Elizabeth “N” y Mario “N” (exdelegados administrativos de la Secretaría de Seguridad Pública). Las investigaciones apuntan a que estos funcionarios orquestaron la compra irregular de siete propiedades para la construcción de cuarteles policiacos en diversas ciudades de Michoacán.

Uno de los principales problemas detectados en las auditorías fue que la Inmobiliaria DyF no pudo demostrar la propiedad de los terrenos donde se construyeron los cuarteles, además de la falta de justificación para los convenios modificatorios de mantenimiento que se firmaron sin pruebas de los servicios prestados.

La Fiscalía General de la República (FGR) ha judicializado esta carpeta de investigación por delitos de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa. También se han emitido órdenes de aprehensión contra varios exfuncionarios del gobierno de Aureoles, a medida que avanza la indagatoria por este millonario desfalco.