CDMX a 18 de marzo, 2025.- El reciente hallazgo de un centro de exterminio en el Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco, ha conmocionado al país y puesto en evidencia la crueldad con la que operan los cárteles en la región. Este descubrimiento ha llevado a las autoridades federales y estatales a coordinar esfuerzos para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

A principios de marzo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, dedicado a la búsqueda de personas desaparecidas, recibió una llamada anónima que los condujo al Rancho Izaguirre. En el lugar, encontraron evidencias alarmantes: hornos crematorios clandestinos, fosas comunes y restos humanos calcinados. Además, se hallaron cientos de objetos personales, como ropa y zapatos, que podrían pertenecer a víctimas de desaparición forzada.

Este rancho, presuntamente vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), habría sido utilizado como centro de entrenamiento y exterminio durante aproximadamente una década, operando con total impunidad.

Ante la magnitud de los hechos, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, se reunió este martes con la presidenta Claudia Sheinbaum y el Gabinete de Seguridad en Palacio Nacional. Durante el encuentro, se acordó que la Fiscalía del Estado de Jalisco trabajará de manera coordinada con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones relacionadas con el caso Teuchitlán.

Lemus enfatizó la importancia de la colaboración entre los distintos niveles de gobierno y la sociedad para enfrentar la inseguridad: «Si no actuamos unidos como sociedad, nada será suficiente».

Por su parte, la presidenta Sheinbaum destacó la necesidad de una investigación transparente y exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar justicia a las víctimas y sus familias.

El descubrimiento del centro de exterminio ha generado indignación y temor en la población. Familiares de personas desaparecidas han acudido al lugar con la esperanza de encontrar pistas sobre sus seres queridos. Este caso ha reavivado el debate sobre la crisis de desapariciones en México, donde más de 116,000 personas han sido reportadas como desaparecidas desde 1962.

El caso Teuchitlán representa un desafío significativo para las autoridades mexicanas en su lucha contra el crimen organizado. La colaboración entre el gobierno federal y estatal será crucial para esclarecer los hechos y prevenir que atrocidades como esta se repitan en el futuro.