Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, afirmó este miércoles que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la instancia que defina si algunos de los candidatos a jueces presentados por los tres poderes del Estado cumplen con los requisitos constitucionales para participar en el proceso de elección judicial.
Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria reconoció que ya existen candidaturas avaladas formalmente, pero dejó claro que el TEPJF podría intervenir en caso de detectarse irregularidades graves.
“Formalmente ya están las candidatas y candidatos que están participando, ya fueron seleccionados, avalados, pero si hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial o no tiene el 8 de promedio que exige la Constitución en la licenciatura, puede ser presentada”, apuntó.
Sheinbaum consideró que, incluso si el nombre ya aparece en las boletas, el tribunal podría emitir medidas precautorias o anular candidaturas, siempre que existan pruebas suficientes de las irregularidades.
Estas declaraciones se producen después de que el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, advirtiera sobre la presencia de aspirantes que han defendido a personas vinculadas al narcotráfico, lo cual —a su juicio— pone en duda su probidad y los inhabilita para ocupar cargos en el Poder Judicial.
“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, declaró Fernández Noroña, sin revelar nombres ni cifras específicas.
En respuesta, el legislador hizo un llamado al Instituto Nacional Electoral (INE) para cancelar los registros de aquellos aspirantes que no cumplan con los criterios legales.
Ante ello, la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, defendió el proceso de evaluación llevado a cabo por los comités de los tres poderes y señaló que cualquier revisión posterior deberá regirse exclusivamente por la aplicación de la norma constitucional.
“Más allá de lo que cada quien pensamos y deseamos, hay que ser correctos en la aplicación de la norma; la reforma establece perfectamente todos aquellos requisitos que se deben de cumplir, incluida la probidad”, afirmó.
Taddei explicó que, una vez concluida la jornada electoral, será el Senado y el TEPJF quienes determinarán la elegibilidad final de los aspirantes, en caso de que se encuentren elementos que incumplan los requisitos constitucionales.
Este proceso electoral forma parte de la inédita reforma judicial impulsada por el gobierno de Sheinbaum, que busca elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros, marcando un cambio estructural en el sistema judicial mexicano.