Por Juan Pablo Ojeda

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó formalmente a la Fiscalía General de la República (FGR) que asuma el caso de los crematorios clandestinos hallados en Teuchitlán, Jalisco. Este pedido surge a raíz del descubrimiento de más de 500 indicios y restos óseos en el rancho Izaguirre, presuntamente vinculado a uno de los cárteles del narcotráfico.

En su conferencia de prensa, Sheinbaum respaldó las declaraciones del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien calificó como “increíble” que las autoridades locales no hubieran tenido conocimiento de los actos criminales ocurridos en el lugar. Aseguró que es fundamental que la FGR se haga cargo del caso para llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el origen de los crematorios y las implicaciones de los hallazgos.

“Es necesario saber qué ocurrió antes de cualquier otra cosa”, dijo la presidenta, quien subrayó la importancia de esclarecer la situación detrás de las imágenes “dolorosas” que fueron difundidas.

El hallazgo fue realizado por un colectivo de búsqueda de desaparecidos que, tras recibir una llamada anónima, localizó tres crematorios clandestinos, restos de huesos humanos calcinados y triturados, así como objetos personales como ropa y zapatos. Este descubrimiento ha sido calificado por las autoridades y los activistas como un «campo de concentración y adiestramiento» del crimen organizado.

La FGR y la Fiscalía de Jalisco ya han comenzado las investigaciones en el lugar, donde han encontrado múltiples indicios que apuntan a la participación de grupos del crimen organizado. De acuerdo con los primeros reportes, el caso podría implicar una mayor red de criminalidad, lo que ha generado una preocupación sobre la actuación de las autoridades locales ante los hechos ocurridos.

Por su parte, Gertz Manero recalcó que no es creíble que las autoridades de Jalisco no estuvieran al tanto de la existencia de los crematorios y otros indicios encontrados en el predio. Consideró que este caso demuestra cómo los problemas derivados de la delincuencia organizada están vinculados a dinámicas locales y necesitan ser atendidos con mayor coordinación entre los diferentes niveles de gobierno.

El caso sigue en desarrollo, y las autoridades federales y estatales continúan recabando información de los familiares de desaparecidos que participaron en el hallazgo, así como de otros posibles testigos del crimen.