Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció recientemente sobre la controversia generada por la orden de una jueza federal que solicita la eliminación del decreto de reforma al Poder Judicial publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF). Durante una conferencia de prensa, Sheinbaum afirmó que su gobierno aún no ha recibido notificación formal de esta decisión judicial, indicando que el amparo exige la eliminación de dicha publicación. “Todavía no hemos sido notificados formalmente. Este amparo pide que se elimine la publicación”, expresó.
El fallo proviene de la jueza del Décimo Noveno de Distrito en Veracruz, Nancy Juárez, quien la semana pasada ordenó retirar del DOF la reforma constitucional al Poder Judicial, la cual fue firmada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en septiembre. Esta decisión judicial impone un plazo de 24 horas para que Sheinbaum y el director del DOF, Alejandro López, actúen o enfrenten consecuencias legales que incluyen una pena de prisión de tres a nueve años, además de multas y la inhabilitación para ocupar otro cargo.
Desde la votación de esta reforma, tanto el Congreso como el Ejecutivo federal han desestimado los amparos presentados por trabajadores del Poder Judicial y jueces, argumentando que carecen de atribuciones para detener modificaciones constitucionales. La reforma, uno de los temas más polémicos de la administración pasada, propone que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte sean elegidos mediante el voto popular.
La situación ha generado un intenso debate sobre la independencia del Poder Judicial y el papel del Estado en la supervisión de reformas que afectan a la justicia en el país. Sheinbaum, al rechazar el fallo de la jueza, reafirma su compromiso con la reforma y la legalidad, aunque las repercusiones legales aún están por verse.
Con este trasfondo, el futuro de la reforma al Poder Judicial y su implementación se mantiene incierto, lo que abre un espacio para la discusión sobre la estructura del sistema judicial en México y la necesidad de garantizar su autonomía frente a las decisiones políticas.