Por Juan Pablo Ojeda
En medio de la tormenta política por la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo salió a apagar el fuego. En una declaración directa, pidió que se corrija —o de plano se elimine— el artículo que permite el bloqueo de plataformas digitales, mismo que ha levantado una fuerte polémica por considerarse una amenaza a la libertad de expresión.
“Ese artículo tiene que aclararse para que no demos ningún argumento a la oposición ni a nadie de que lo que queremos es censurar. Siempre hemos estado en contra de la censura”, dijo Sheinbaum, en referencia al polémico artículo 109 de la iniciativa enviada por su propio gobierno al Senado. La presidenta recalcó que si el texto se presta a malas interpretaciones, debe corregirse sin rodeos: “Si hay alguna duda de que vamos a censurar, que se elimine. No hay ningún problema.”
El punto de conflicto en la reforma es el artículo que plantea que las autoridades podrán solicitar a la Agencia de Transformación Digital el bloqueo temporal de plataformas digitales, como Facebook, YouTube o X (antes Twitter), cuando incumplan con ciertas normas. Además, otorga a esa misma agencia el poder para emitir los lineamientos que regularían estos bloqueos.
Este contenido fue aprobado en comisiones unidas del Senado en tiempo récord, lo que intensificó las críticas. Con 29 votos a favor, nueve en contra y ninguna abstención, el dictamen fue avalado sin el debate amplio que algunos sectores demandaban. La oposición, encabezada por legisladores del PAN, PRI y MC, no tardó en calificar la medida como un paso hacia el “autoritarismo digital”.
Las críticas no sólo apuntan al contenido de la reforma, sino también al contexto. Esta iniciativa es parte del paquete legislativo que Claudia Sheinbaum presentó esta semana, el cual incluye restricciones a la propaganda extranjera. ¿La razón? La reciente difusión en México de anuncios de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., en contra de la migración ilegal.
La presidenta busca evitar que la ley se convierta en un nuevo frente de batalla. Asegura que su intención no es silenciar voces ni controlar el flujo de información en redes sociales, sino actualizar el marco legal frente a los desafíos digitales y a la injerencia extranjera.
Por ahora, el balón está en la cancha del Congreso, que deberá decidir si se modifica el polémico artículo o si lo eliminan para evitar que el debate se desborde más allá de lo legislativo y entre de lleno al terreno electoral. Mientras tanto, las tensiones entre oficialismo y oposición vuelven a subir en uno de los temas más sensibles: la libertad de expresión en la era digital.
