Por Juan Pablo Ojeda

En medio del debate nacional por la presencia de los narcocorridos en los espacios públicos, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó clara su postura: no habrá regulación federal para censurar este tipo de música, aunque cada estado y municipio tendrá libertad de decidir cómo manejar el tema en su territorio.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum fue tajante:

“Es mejor seguir promoviendo una cultura de paz, y evitar por decisión propia que un joven decida escuchar esta música por su contenido. Esa es nuestra posición”.

Este posicionamiento llega tras una serie de controversias como la vivida en la Feria de Texcoco 2025, donde el cantante Luis R. Conriquez fue abucheado por negarse a interpretar narcocorridos ante el temor de sanciones en el Estado de México. El hecho encendió el debate nacional sobre los límites de la libertad de expresión en la música.

Mientras tanto, gobiernos locales ya están tomando cartas en el asunto. Michoacán anunció una prohibición oficial de narcocorridos que entra en vigor esta semana, y la Ciudad de México informó que limitará su difusión en espacios públicos, aunque sin llegar a prohibirlos formalmente.

Sheinbaum, sin embargo, aclaró que no es partidaria de las prohibiciones, y recalcó que su apuesta va por el camino de la educación, la formación cultural y el juicio propio de la ciudadanía.

“Desde mi punto de vista, es mejor que la propia sociedad vaya haciendo a un lado estos contenidos musicales, que prohibirlos per se”.

Este enfoque también se ve reflejado en una estrategia más proactiva: la presidenta anunció recientemente el festival ‘México Canta’, un concurso dirigido a jóvenes de entre 18 y 34 años que busca impulsar la música regional mexicana sin apología del crimen, la violencia o el narcotráfico. La iniciativa es vista como una alternativa positiva frente al auge de los corridos tumbados, popularizados por artistas como Peso Pluma y Natanael Cano, que han llevado esta música a los escenarios internacionales pero también al centro de la controversia social.

En resumen, el gobierno federal no intervendrá de forma directa en lo que la gente escucha, pero sí busca fomentar contenidos que no glorifiquen la violencia, confiando en que la cultura de paz puede más que la censura.