Por Bruno Cortés

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, envió al Senado de la República una iniciativa de reforma destinada a fortalecer los mecanismos de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas. Este ambicioso proyecto, contenido en el Oficio No. DGPL 2P1A 2363, propone modificaciones a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas y a la Ley General de Población, con la meta de cerrar brechas institucionales y garantizar una respuesta inmediata y coordinada en estos casos.

Durante su presentación oficial, Sheinbaum enfatizó que “cuando se abre una investigación por desaparición, nunca se cierra”, reflejando el compromiso del gobierno para buscar a las víctimas hasta esclarecer cada caso. La mandataria explicó que estas reformas priorizan la verdad y la justicia para las familias que durante años han exigido respuestas. La iniciativa fue remitida a José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, para su análisis y votación urgente.

Un sistema de búsqueda fortalecido y eficiente

La reforma propone la creación de un Sistema Nacional de Alerta de Búsqueda que emitirá notificaciones inmediatas a todas las corporaciones de seguridad y entidades privadas pertinentes, como bancos, empresas de transporte y telecomunicaciones, cuando se reporte una desaparición. Este sistema integrará bases de datos como la CURP, alertas Amber y registros forenses, para agilizar la localización de personas a través de un cruce automatizado de información en tiempo real.

Además, la iniciativa establece la creación de una Plataforma Única de Identidad (PUI), que convertirá la Clave Única de Registro de Población (CURP) en un documento de identidad oficial con fotografía y datos biométricos. Este mecanismo permitirá validar información de manera centralizada y facilitará la identificación de personas desaparecidas, vivas o fallecidas, agilizando el proceso de búsqueda.

Investigación inmediata y sin excusas

Una de las medidas clave de la iniciativa es la obligación legal para investigar sin demora todos los casos de desaparición, eliminando los vacíos de competencia y las excusas de falta de jurisdicción que han ralentizado las búsquedas. Ya no habrá que esperar 72 horas para abrir una carpeta de investigación: la ley exigirá iniciar el proceso de manera inmediata ante cualquier denuncia y coordinar a las autoridades desde el primer momento.

También se creará una Base Nacional de Carpetas de Investigación, que integrará información actualizada de las fiscalías locales y federales sobre personas desaparecidas, facilitando la trazabilidad de los casos y evitando duplicidades que entorpecen las búsquedas.

Registro biométrico para la identificación de personas

La propuesta contempla la creación de un registro biométrico nacional, donde las autoridades incorporarán huellas dactilares, fotografías y otros datos obtenidos de trámites oficiales para facilitar la identificación de personas localizadas o restos humanos hallados. Esta medida fortalecerá las capacidades forenses y reducirá significativamente el tiempo necesario para identificar a las víctimas.

Además, la iniciativa introduce la “ficha de búsqueda homologada”, que será un reporte oficial estandarizado que la autoridad emitirá en cuanto se tenga conocimiento de la desaparición de una persona. Esta ficha contendrá datos generales, señas particulares y circunstancias de la desaparición, lo que permitirá activar de inmediato la búsqueda en todo el país.

Fortalecimiento institucional y sanciones claras

La reforma también propone robustecer las capacidades de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y de las comisiones estatales, dotándolas de herramientas tecnológicas de vanguardia y unidades especializadas en análisis de contexto, búsqueda inmediata y atención a víctimas. Asimismo, se impondrán sanciones estrictas a servidores públicos que no actualicen o compartan información crucial para la búsqueda, eliminando la negligencia y la burocracia que históricamente han obstaculizado la localización de personas.

Incluso el sector privado tendrá obligaciones claras: empresas de transporte, bancos, servicios de salud y telecomunicaciones estarán obligadas a proporcionar datos útiles para la localización de personas desaparecidas. Este modelo de colaboración interinstitucional garantiza una respuesta más rápida y efectiva ante emergencias de desaparición.

Impacto positivo y respuesta a las familias

El envío de esta iniciativa responde a la demanda histórica de colectivos de familias de personas desaparecidas y organizaciones de derechos humanos, quienes durante años han exigido mecanismos más ágiles, efectivos y transparentes para la búsqueda y localización de sus seres queridos. Sheinbaum reconoció la crisis de más de 120 mil personas desaparecidas en México y enfatizó la necesidad de transparencia y responsabilidad por parte del Estado para enfrentar esta tragedia humanitaria.

Expertos en derechos humanos han señalado que la integración de bases de datos, el uso de tecnología biométrica y la activación inmediata de alertas nacionales son pasos esenciales para cerrar brechas en los procesos de búsqueda e identificación. Aunque algunos analistas advierten que la efectividad de la reforma dependerá de su correcta implementación y asignación de recursos, hay consenso en que estas medidas representan un avance significativo para enfrentar el fenómeno de las desapariciones.

Proyección legislativa y compromiso del Estado

Dado el carácter prioritario del tema, se espera que la iniciativa avance rápidamente en el Congreso, donde el consenso entre diversas fuerzas políticas podría garantizar su aprobación. La discusión parlamentaria será clave para evaluar el compromiso del Estado mexicano con las víctimas y sus familias, y para garantizar que las medidas propuestas se implementen de manera efectiva.

Con esta reforma, el gobierno de Claudia Sheinbaum da un paso decisivo para fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas, alineándose con los estándares internacionales de derechos humanos y reafirmando su compromiso con la verdad, la justicia y la memoria de las víctimas.