Por Juan Pablo Ojeda
En un acto significativo para la inclusión y la justicia social en México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó este 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, dos decretos que representan un paso importante en el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos plenos de derecho. Estos decretos refuerzan el compromiso del gobierno de México por la igualdad y la justicia, marcando un avance clave en la lucha por el reconocimiento y la protección de los derechos de estos pueblos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Durante su participación en la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum explicó que los decretos firmados buscan acercar la Reforma Constitucional aprobada recientemente a las comunidades indígenas y afromexicanas. «Firmamos dos decretos, uno que instruye para la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la traducción de la Reforma Constitucional que da derechos plenos a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, y por otro lado, el decreto de creación de la comisión presidencial para el seguimiento y la atención de los planes de justicia de estos pueblos», detalló la mandataria.
La firma estuvo acompañada de figuras clave en la política nacional, como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, y Adelfo Regino Montes, titular del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). También estuvieron presentes estudiantes de la Universidad de las Lenguas Indígenas de México (ULIM), quienes desempeñaron un papel crucial en la traducción del texto constitucional a las lenguas originarias del país.
Una de las acciones más destacadas de este gobierno es la traducción de la reforma constitucional en 64 variantes lingüísticas, que corresponden a 57 lenguas indígenas y agrupan a 58 pueblos originarios. Con esta traducción, el gobierno de México busca garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas conozcan que, desde ahora, son reconocidas en la Carta Magna como sujetos de derecho y no solo como objetos de interés público. Este gesto refuerza el compromiso del gobierno mexicano de asegurar la plena inclusión y participación de estas comunidades en todos los aspectos de la vida nacional.
La creación de la comisión presidencial para el seguimiento de los planes de justicia también es un paso fundamental para asegurar que las políticas públicas relacionadas con los pueblos indígenas y afromexicanos sean implementadas de manera efectiva, y que se atiendan las demandas históricas de estas comunidades que han luchado por su dignidad y por el reconocimiento de sus derechos.
Estos decretos firmados por Claudia Sheinbaum no solo son un acto simbólico, sino un esfuerzo concreto por avanzar en la justicia social para los pueblos indígenas y afromexicanos en México, en un contexto donde el reconocimiento de sus derechos es más crucial que nunca.