Por Juan Pablo Ojeda

En medio de la polémica por la detención y posterior liberación del delegado del IMSS en Tamaulipas, José Luis Aranza Aguilar, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitó a la Fiscalía estatal una investigación a fondo sobre lo ocurrido. Durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional, la mandataria dejó claro que este tipo de acciones no pueden ser toleradas si se comprueba que hubo abuso de autoridad por parte de elementos estatales.

“Nos informaron en el Gabinete de Seguridad que fue detenido y que él asegura que no portaba nada, y que incluso le plantaron un arma”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada por los reporteros. “Pedimos que se revise qué fue lo que ocurrió y si hubo policías que actuaron indebidamente, que sean sancionados”, puntualizó.

El caso generó controversia desde el inicio. José Luis Aranza y su chofer, Jesús Adrián Sánchez, fueron detenidos el día anterior en Ciudad Victoria por policías estatales. La Vocería de Seguridad del estado confirmó el hecho, pero aseguró que tras la inspección al vehículo no se encontraron indicios de delito y que ambos fueron liberados tras verificar su identidad y los datos del automóvil.

Sin embargo, lo que levantó sospechas fue la falta de claridad sobre los motivos que originaron la detención. La autoridad estatal señaló que el automóvil coincidía con las características de un vehículo reportado por el C4, pero no ofreció detalles adicionales sobre ese reporte.

Sheinbaum insistió en que “la Fiscalía tiene que darnos más información” y reiteró que si se confirma que hubo un intento de incriminación por parte de la Policía estatal, los responsables deben rendir cuentas. “No vamos a permitir abusos ni fabricaciones. La ley debe aplicarse con justicia y transparencia”, dijo.

Este incidente ha generado inquietud en el ámbito político y en la sociedad civil, al tocar fibras sensibles como la confianza en los cuerpos de seguridad estatales y el respeto a los derechos de los funcionarios públicos, incluso cuando se trata de inspecciones preventivas.

Ahora queda en manos de la Fiscalía de Tamaulipas esclarecer los hechos y determinar si, efectivamente, hubo un intento de fabricación de pruebas contra el delegado federal, lo cual podría escalar el caso a una dimensión mayor con consecuencias políticas y legales.