Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, alzó la voz en su conferencia de prensa matutina, expresando su preocupación por el paro de labores del Poder Judicial, que a su juicio, afecta directamente la seguridad pública del país. Sheinbaum subrayó que, en un contexto donde los jueces están en huelga, las órdenes de aprehensión para detener a delincuentes no pueden ser solicitadas adecuadamente. “El paro del Poder Judicial afecta a la seguridad. ¿Cómo puede un juez atender una orden de aprehensión si está en paro? Ahora solo operan para asuntos de detenciones en flagrancia”, puntualizó.
La mandataria destacó que el trabajo de las áreas de seguridad y de la Fiscalía se ve comprometido por esta situación. “Para detener a un delincuente, las áreas de seguridad hacen su trabajo, la Fiscalía presenta sus carpetas de investigación, pero si los jueces federales están en paro, ¿qué pasa con los delitos del fuero federal?”, cuestionó, enfatizando la gravedad de la situación.
Además, Sheinbaum criticó que los jueces, quienes ganan un salario mensual de aproximadamente 130 mil pesos, continúen cobrando su sueldo completo mientras están inactivos. “Está bien que estén en paro, pero ¿por qué tienen que seguir cobrando?”, se preguntó, aludiendo a la incongruencia de recibir salario por un trabajo no realizado.
La presidenta también hizo un llamado a los trabajadores del Poder Judicial, asegurando que todos sus derechos y prestaciones están garantizados, en un intento de tranquilizar a quienes puedan sentirse inseguros ante esta situación.
El paro de labores en el Poder Judicial, que comenzó el 21 de agosto, se extenderá hasta el 11 de octubre, según lo decidido por el Consejo de la Judicatura Federal (CJF). Esta decisión fue tomada con una votación de cuatro a favor y tres en contra, en una sesión extraordinaria que también coincide con la admisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de una impugnación relacionada con una reforma judicial.
Esta reforma, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y promulgada el 15 de septiembre, ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional. Los críticos argumentan que la reforma pone en riesgo el Estado de derecho al proponer que jueces y magistrados sean elegidos por voto popular, lo que podría afectar la independencia judicial.
La situación actual del Poder Judicial, así como las reformas en cuestión, plantean un panorama complicado en el que la seguridad pública y la justicia en México están en la mira, mientras el gobierno busca mantener el orden y garantizar el estado de derecho.