Por Juan Pablo Ojeda
La presidenta de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó este martes que ya se han emitido órdenes de aprehensión contra los miembros del Ejército mexicano involucrados en el asesinato de seis migrantes en Chiapas, un trágico suceso ocurrido el pasado 1 de octubre. Durante su conferencia de prensa matutina, Sheinbaum afirmó que “lo que no hay es impunidad”, asegurando que “los elementos que dispararon ya tuvieron orden de aprehensión”.
Este incidente, que ha generado una ola de indignación y preocupación, se produjo el mismo día en que Sheinbaum asumió el cargo de presidenta en Chiapas. La mandataria declaró que se está realizando “todo lo necesario” para que eventos de esta magnitud no se repitan en el futuro. Asimismo, enfatizó que se sancionará penalmente a “quien tenga que sancionarse” conforme a las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).
Los hechos se dieron en un contexto delicado: el despliegue de 36,000 soldados por parte del gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, destinado a controlar el flujo migratorio en la frontera sur del país. Según informes del Ejército, los soldados que abrieron fuego confundieron a un grupo de 33 migrantes con delincuentes en medio de una pugna entre cárteles de narcotráfico. El resultado fue devastador: seis migrantes muertos y al menos 12 heridos.
El incidente ha captado la atención internacional, y la Cancillería de Perú confirmó que uno de los fallecidos era de nacionalidad peruana, condenando “enérgicamente” los hechos. Además, las víctimas eran también de Egipto y El Salvador, lo que resalta la complejidad de la situación migratoria en la región.
Este trágico episodio pone de manifiesto el creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad y migración, un tema que ha suscitado debate sobre la militarización de estos procesos y su impacto en la vida de los migrantes. Las declaraciones de Sheinbaum reflejan un intento por parte del gobierno de abordar la crisis de manera contundente y con responsabilidad, aunque la sombra de la impunidad en casos anteriores sigue presente.
A medida que las investigaciones avanzan, la sociedad civil y los organismos internacionales estarán atentos a cómo se desarrolla este caso y a las medidas que se implementarán para garantizar la seguridad y los derechos de los migrantes en el país.