Por Juan Pablo Ojeda

La política de seguridad nacional ha reafirmado este viernes la primacía de la Constitución sobre cualquier convenio de facto a nivel estatal. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que la colaboración con agencias extranjeras, como la CIA, debe ceñirse estrictamente a la Ley de Seguridad Nacional y requerir la autorización expresa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

El caso del operativo en Chihuahua, que resultó en la muerte de agentes estadounidenses y locales, ha servido como catalizador para una auditoría federal sobre los acuerdos de seguridad regionales. La mandataria señaló que la ausencia de permisos federales en dicha incursión contraviene los protocolos establecidos para la interacción con gobiernos extranjeros en territorio nacional.

Las cifras de la actual administración resaltan la capacidad operativa propia: 2,500 narcolaboratorios han sido desmantelados mediante el uso de inteligencia nacional y coordinación policial formalizada. Estos datos buscan respaldar la tesis del Ejecutivo de que la eficacia en seguridad no requiere eludir la legalidad soberana.

Sheinbaum rechazó explícitamente las políticas de administraciones pasadas, mencionando el caso de Felipe Calderón, a quien acusó de permitir la operación sin restricciones de agentes externos. La actual administración defiende un modelo de cuatro ejes de colaboración que, si bien mantiene el intercambio con Estados Unidos, exige un marco de respeto a la jurisdicción mexicana.

La Presidenta aclaró que la coordinación entre niveles de gobierno no está sujeta a colores partidistas. Municipios y estados de cualquier fuerza política deben acatar la cadena de mando federal en materia de seguridad, ya que la soberanía, según el artículo 39 constitucional, es un principio fundacional que vincula a toda la estructura del Estado.

El titular de la SSPC, Omar García Harfuch, lidera actualmente la gestión de información con el gobierno de Chihuahua. La gobernadora Maru Campos se encuentra bajo la obligación de rendir cuentas sobre cómo se permitió la operatividad de agentes extranjeros sin la intervención del gabinete de seguridad nacional.

La postura del Ejecutivo es tajante: aunque la colaboración internacional es indispensable, esta debe pasar invariablemente por los canales diplomáticos y de seguridad oficial. Cualquier solicitud de intervención directa de actores extranjeros que ignore el estado de derecho interno será considerada una contravención a la Constitución.