La relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en México volvió a tensarse, y esta vez la presidenta Claudia Sheinbaum no se guardó nada. Desde su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria lanzó críticas directas al Poder Judicial por haber otorgado una suspensión provisional a Silvano Aureoles Conejo, exgobernador de Michoacán, que impide su detención a pesar de enfrentar acusaciones de corrupción.

Sheinbaum fue tajante: “Es muy claro el caso, particularmente del exgobernador de Michoacán, de corrupción”. Según explicó, esta no es una investigación nueva ni improvisada, sino que viene desde antes de su llegada al cargo y fue impulsada por la propia Fiscalía General de la República (FGR). Por eso, cuestionó que un juez haya otorgado un freno a la orden de aprehensión. “No tendría un juez por qué haber dado esta suspensión”, soltó con evidente molestia.

Pero la crítica no se quedó solo en el caso de Aureoles. La presidenta aprovechó para señalar lo que considera un patrón de decisiones judiciales que afectan la seguridad nacional. Durante la reunión del Gabinete de Seguridad —dijo— le informaron que uno de los presuntos responsables de los hechos violentos recientes en Michoacán había sido detenido en marzo… y liberado por un juez a los tres días, a pesar de sus vínculos con el crimen organizado.

“Claro que hay muchísimos casos del Poder Judicial actual que no colabora para mejorar la seguridad del país, y la honestidad en el uso de los recursos públicos, sino que al revés, pues se han convertido en un obstáculo”, lanzó con fuerza Sheinbaum.

La suspensión otorgada a Silvano Aureoles fue concedida por el secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal. La medida impide por ahora que se ejecute la orden de aprehensión en su contra, bajo el compromiso de que Aureoles pague una garantía de 52 mil pesos en un plazo de cinco días.

Para muchos, este es un nuevo capítulo en la disputa abierta entre el gobierno federal y el Poder Judicial, que ha cobrado fuerza en los últimos años por casos de alto perfil relacionados con corrupción, crimen organizado y la interpretación de la ley. Desde la llegada de Sheinbaum a la presidencia, ha sido constante su llamado a reformar la justicia en México, con un enfoque más cercano al pueblo y menos a los privilegios del poder.

La presidenta dejó claro que, desde su punto de vista, la justicia no puede seguir siendo una puerta giratoria para funcionarios acusados ni un escudo para quienes han abusado de los recursos públicos. Y aunque aún falta ver cómo avanza el proceso legal contra Silvano Aureoles, lo que ya es evidente es que la batalla entre poderes está lejos de calmarse.