Por Bruno Cortés
En el Senado de la República, este miércoles se desató un debate intenso y cargado de emociones durante el apartado de agenda política. Senadores de todos los grupos parlamentarios fijaron sus posturas sobre los sucesos en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, un caso que ha conmocionado al país por su presunta vinculación con el crimen organizado y la desaparición de personas. El aire en la sala se sentía denso, impregnado de la gravedad del tema, mientras las voces resonaban entre los muros del recinto, algunas firmes, otras temblorosas, todas exigiendo un mismo fin: verdad y justicia.
Carlos Lomelí Bolaños, senador por Morena, abrió la discusión con un tono sereno pero decidido. Afirmó que la Fiscalía General de la República ha puesto al descubierto “grandes omisiones” de la Fiscalía de Jalisco en la investigación del rancho, lo que resalta la necesidad de un proceso riguroso. “No se debe permitir que la desinformación deslegitime este esfuerzo ni que una campaña sucia distorsione la realidad”, subrayó, mientras sus colegas lo observaban con atención. Su intervención reflejó un compromiso firme por esclarecer los hechos, un aspecto positivo que busca responder al clamor de una sociedad harta de la opacidad.
Desde el Partido Acción Nacional (PAN), Lilly Téllez irrumpió con una crítica contundente. Calificó lo ocurrido en Teuchitlán como el “capítulo más terrorífico, cruel, triste y despiadado” de la historia reciente de México, atribuyéndolo a lo que llamó una alianza de Morena con los cárteles. Sin embargo, su mensaje incluyó un destello de esperanza: un llamado a las madres buscadoras a no rendirse, a pesar de los obstáculos. Sus palabras, pronunciadas con la fuerza de quien siente el dolor ajeno, resonaron en el público presente, donde algunos rostros se endurecían y otros se humedecían por la emoción contenida.
Cristina Ruíz Sandoval, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), aportó una descripción cruda y sensorial de la tragedia. Habló de “cientos de pares de zapatos, hornos clandestinos, listas de ejecuciones y cuerpos calcinados” como el “símbolo de la barbarie” de un México abandonado. Su voz, grave y pausada, evocaba imágenes de desolación, el olor acre de la ceniza y el silencio de las vidas perdidas. Aunque acusó a Morena de negligencia, su intervención subrayó un consenso implícito: la necesidad de actuar frente a esta crisis, un punto de partida para soluciones colectivas.
María del Rocío Corona Nakamura, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), exigió que la verdad sobre Teuchitlán salga a la luz. Señaló las “evidentes omisiones” de la fiscalía estatal, como la falta de inspecciones exhaustivas y el manejo inadecuado de indicios. Sus manos se movían con énfasis, su voz subía de tono al insistir en una investigación profunda sin cabida a la impunidad. Este enfoque proactivo destacó un aspecto positivo del debate: el rechazo unánime a encubrir los hechos, una postura que busca garantizar justicia y cerrar heridas abiertas.
Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo (PT), ofreció una perspectiva alentadora. Elogió el compromiso del Gobierno de México para acabar con la impunidad en el caso y respaldó las reformas propuestas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender el problema de las personas desaparecidas. “Merecemos un México libre de violencia donde nuestros hijos puedan vislumbrar un mejor futuro”, afirmó, su tono sereno proyectando una visión de esperanza. En el recinto, algunos senadores asentían, reconociendo la importancia de estas iniciativas como un paso hacia la reconciliación nacional.
Francisco Daniel Barreda Pavón, de Movimiento Ciudadano, cerró el debate centrándose en las víctimas. “El pueblo de México y las familias merecen respuestas claras y justicia efectiva”, afirmó con empatía, proponiendo medidas concretas: fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, consolidar una base forense nacional, crear alertas de búsqueda inmediata y homologar procedimientos en las fiscalías. Sus palabras, pronunciadas con claridad, encontraron eco en el salón, donde incluso adversarios políticos mostraron gestos de aprobación, evidenciando un raro momento de unidad en medio de la discordia.
El debate dejó en claro las profundas divisiones políticas, pero también un compromiso compartido por enfrentar la crisis de seguridad y desapariciones en México. Las propuestas de reforma, el llamado a la transparencia y el apoyo a las familias de las víctimas emergieron como aspectos positivos, ofreciendo un horizonte de acción frente a la tragedia del Rancho Izaguirre. Mientras los senadores abandonaban el estrado, el eco de sus voces permanecía, un recordatorio de que, más allá de las diferencias, la búsqueda de justicia sigue siendo un objetivo común.
