CDMX a 2 de agosto, 2022.- La senadora Geovanna Bañuelos solicitó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) un informe sobre el uso de los recursos recibidos por concepto de derechos de minería conocido comúnmente como el Fondo Minero; toda vez que las cifras del CONEVAL en infraestructura educativa sigue a la baja y cada vez con más rezago.
Y es que según el reporte del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), en México más de 89 mil escuelas de educación básica carecen de drenaje; 39 mil 568 no tienen red de agua potable, mientras que 9 mil 989 no cuentan con energía eléctrica, por ello
Mediante un punto de acuerdo presentado a la Comisión Permanente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo recordó que la reforma a la Ley Federal de Derechos del 2021 en materia del Fondo Minero establece que el 85% de la recaudación de recursos por concepto de este sector, serán destinados a las secretarías de Educación Pública y Salud.
“Es preciso señalar que el impuesto especial se sigue cobrando a las empresas mineras, por lo que ante la desaparición del Fondo Minero es necesario conocer cuál es el monto de recursos que se han recaudado por motivo de derechos a la minería y la manera en la que la Secretaría de Educación Pública utiliza estos recursos”, apuntó Geovanna Bañuelos.
En este sentido, dijo, es necesario que la SEP brinde un informe sobre el destino de dichos recursos, qué proyectos se están financiando con ellos y qué comunidades han sido beneficiadas. Y cómo es que se apoya a la educación pública a través de los recursos generados por el pago de los derechos de la minería.
Asimismo, pidió fortalecer el programa La Escuela es Nuestra, para la solución de las necesidades y problemas en materia de infraestructura que presenten las escuelas públicas del país, con especial énfasis en aquellas que presenten un mayor grado de deterioro.
“De acuerdo con el reporte de Información Estratégica para el Regreso a Clases en México 2021 del Coneval, el organismo señala que las condiciones de la infraestructura educativa pueden limitar la capacidad de la educación como herramienta para reducir las brechas educativas”, señala la legisladora.