A fin de garantizar la soberanía y la seguridad del espacio aéreo nacional, la senadora Geovanna Bañuelos, coordinadora del Grupo Parlamentario Partido del Trabajo (GPPT) y el senador Miguel Ángel Lucero Olivas, propusieron expedir la Ley de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo Nacional.
Asimismo, plantearon reformas la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para dar sustento jurídico a la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en materia de vigilancia y protección del espacio aéreo.
Al fundamentar la propuesta, a nombre propio y de la senadora Geovanna Bañuelos el senador Miguel Ángel Lucero Olivas señaló que el GPPT está a favor de la Estrategia Nacional de Seguridad del Presidente Andrés Manuel López Obrador, en la cual es prioritaria la participación y coordinación de las fuerzas civiles y militares para combatir las diversas expresiones de la inseguridad y criminalidad.
Por ello, explicó que su iniciativa busca resguardar de manera adecuada el espacio aéreo, como parte del territorio nacional, generando mecanismo de coordinación interinstitucional para aprovechar las capacidades y recursos civiles y militares con que cuenta el Estado mexicano.
Detalló que el objetivo es regular las facultades del Gobierno Federal sobre el espacio aéreo nacional, dando sustento jurídico a la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, para qué, a través de la Fuerza Aérea Mexicana se trabaje de manera coordinada con otras dependencias de la administración pública federal y se empleen los recursos civiles y militares con utilidad pública, orientados a la protección y salvaguarda de las personas, sus bienes y su entorno en el uso del espacio aéreo nacional.
Lucero Olivas recordó que el 28 de abril de 2022 el Ejecutivo Federal, remitió a la Cámara de Diputados la iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, la cual plantea la creación del Sistema Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, un Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo para coordinar las políticas en la materia; y crear el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, puntos coincidentes ambas iniciativas.
Sin embargo, resaltó que la iniciativa que presenta junto con la senadora Geovanna Bañuelos propone una integración distinta a la propuesta realizada por el Ejecutivo Federal, en la integración del Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo que permita el balance entre autoridades civiles y militares, ya que se incluye al titular de la Secretaría de Gobernación en lugar del titular de la Comandancia del Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo, el cual fungirá como titular de la Secretaría Técnica, por lo que contará con voz, pero no con voto.
Dicho consejo, permitirá estar en concordancia con la política de austeridad del Gobierno Federal y con un nuevo enfoque de seguridad que reorienta la actuación de las fuerzas armadas conforme al Plan Nacional de Paz y Seguridad, como eje central para elaborar las tareas asignadas a la Fuerza Aérea Mexicana.
“Este Consejo deberá generar las políticas de coordinación e intercambio de información entre las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal con atribuciones en materia aeronáutica y aeroportuaria”, apuntó Miguel Ángel Lucero.
Otro elemento central de la iniciativa del PT es reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para dotar a la Secretaría de la Defensa Nacional las atribuciones legales, para garantizar la soberanía del espacio aéreo nacional y establecer zonas prohibidas, restringidas o peligrosas; así como las zonas de identificación, para la navegación en el espacio aéreo nacional.
“La falta de regulación efectiva para garantizar la soberanía y la seguridad del espacio aéreo nacional es un riesgo grave para todos. Las carencias del marco jurídico vigente en materia de vigilancia y protección del espacio aéreo pueden ocasionar en el futuro pérdida de vidas humanas, daños a la Federación y la vulneración de los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna”, aseveró el legislador.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Defensa Nacional y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores para su análisis y posterior dictamen.