Senadora Barrales propone Ley para enfrentar la crisis de desapariciones forzadas en Méxic
Editor web Maya Comunicación 
Por Bruno Cortés
La desaparición forzada es una de las tragedias más dolorosas y persistentes en México. Ante esta crisis, la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, presentó una propuesta de ley para crear un Mecanismo para el Acceso a la Verdad y una fiscalía especializada, con el fin de buscar justicia para las más de 115 mil personas desaparecidas que se han registrado en las últimas décadas.
¿De qué se trata la ley?
La Ley del Mecanismo para el Acceso a la Verdad busca que las familias de las personas desaparecidas no tengan que enfrentar solas la búsqueda de sus seres queridos. Hoy en día, los familiares y activistas se ven obligados a organizarse en colectivos, usando sus propios recursos y arriesgando su vida. Esta nueva ley tiene como objetivo centralizar y profesionalizar la búsqueda, garantizando que el Estado responda de manera eficiente a este problema.
Además, la creación de una fiscalía especializada en desapariciones forzadas permitiría que estos casos no queden en el olvido, y que se investiguen a fondo con los recursos necesarios para encontrar a los responsables y, sobre todo, a las víctimas.
¿Qué está pasando en México?
Desde los años cincuenta, más de 115 mil 500 personas han desaparecido en México. Solo en 2023, se registraron más de 29 mil desapariciones, y los más afectados son jóvenes de entre 15 y 29 años. Lo más preocupante es que la mayoría de estas desapariciones son forzadas, lo que significa que son realizadas, directa o indirectamente, por el Estado o grupos que actúan con su permisividad.
Barrales señaló que esta situación ha rebasado al gobierno, que hasta ahora ha sido incapaz de generar una estrategia clara para frenar este problema. Esto ha obligado a miles de familias, principalmente mujeres, a organizarse y salir a buscar a sus desaparecidos.
¿Qué sigue?
La propuesta de la senadora recoge tanto las recomendaciones de organismos internacionales como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Si se aprueba, sería un paso importante para que el Estado mexicano asuma su responsabilidad y ofrezca respuestas a las familias que llevan años en la incertidumbre.
