CDMX a 9 de agosto, 2024.- En el Senado de la República se llevó a cabo el foro “Poder Legislativo y Poder Judicial: estrategias de prevención y resolución de conflictos”, con el objetivo de mejorar la colaboración entre ambos poderes y promover un sistema jurídico más justo y equitativo en México. El evento reunió a académicos, expertos en derecho y legisladores, quienes discutieron las mejores prácticas para evitar conflictos entre las leyes y asegurar que la legislación respete los derechos humanos y las normas constitucionales.
Michael Rolla Negrete Cárdenas, secretario técnico de la Mesa Directiva del Senado, abrió el foro destacando la creciente cantidad de acciones de inconstitucionalidad que enfrentan las leyes aprobadas por el Legislativo. «Es fundamental reflexionar sobre cómo estamos legislando para evitar contragolpes por parte de otro poder», señaló, subrayando la importancia de una mayor coordinación entre el Poder Legislativo y el Judicial.
Alejandro Toledo Utrera, catedrático de la UNAM, hizo hincapié en que toda iniciativa legislativa debe estar respaldada por una normatividad robusta que proteja y tutele los derechos humanos. Este enfoque, dijo, es crucial para garantizar que las leyes no solo sean justas, sino también conformes a los principios fundamentales que rigen el sistema jurídico mexicano.
Silvia Matallana Villegas, investigadora del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, agregó que la evaluación de impacto legislativo es una herramienta clave para anticipar los efectos de una ley antes de su promulgación. Esta práctica, explicó, no solo mejora la calidad del proceso legislativo, sino que también previene futuros conflictos en la aplicación e interpretación de las leyes.
Luis Mendoza Cruz, investigador del Instituto Belisario Domínguez, destacó la importancia de los estudios de impacto legislativo, que proporcionan a los legisladores las herramientas necesarias para crear leyes sólidas y bien fundamentadas. «Nuestro objetivo es ayudar a crear legislaciones que no puedan ser fácilmente impugnadas por otro poder», afirmó.
Por su parte, Óscar Gutiérrez Parada, doctor en Derecho por la Universidad Panamericana, señaló que los legisladores actuales enfrentan un desafío mayor debido a las exigencias de convencionalidad. Esto implica estar atentos a los acuerdos internacionales para garantizar que las leyes nacionales estén en línea con los compromisos globales en materia de derechos humanos.
Roberto Ehrman Fioro, director de Planeación, Evaluación y Normatividad de la Cámara de Diputados, cerró el foro recordando que es responsabilidad del Congreso cuidar la elaboración de leyes que respeten la constitucionalidad y no contravengan los tratados internacionales ratificados por México. «Velar por los derechos humanos y la constitucionalidad es clave para evitar conflictos entre poderes», concluyó.
Este foro subraya la importancia de la cooperación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial para garantizar un sistema legal que proteja los derechos de los ciudadanos y prevenga conflictos constitucionales. La coordinación, la evaluación de impacto legislativo y la atención a los compromisos internacionales son elementos esenciales para fortalecer la justicia en México.