Por Bruno Cortés
La Comisión Especial del Senado que vigila el proceso de quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) se reunió con el síndico Víctor Manuel Aguilera para exigir respuestas ante las graves afectaciones a miles de trabajadores. El senador Luis Fernando Salazar Fernández, presidente de la comisión, denunció que los obreros han quedado en el abandono, sin salarios ni liquidaciones, mientras exdirectivos y consultores recibieron pagos millonarios. «Esto no fue un intento de rescate, sino una maniobra calculada», afirmó.
Durante la reunión, el síndico Aguilera aclaró que asumió el control de AHMSA el 11 de diciembre de 2024 y de su filial Minera del Norte el 4 de febrero de 2025, por lo que solo puede responder por decisiones tomadas a partir de esas fechas. Actualmente, se realiza un inventario de activos y un avalúo para evitar que la empresa sea vendida «como chatarra». El objetivo, dijo, es encontrar inversionistas con solvencia para reactivar las operaciones, aunque advirtió que no se recuperarán todas las plazas laborales.
Los legisladores mostraron escepticismo ante la falta de transparencia. La senadora Laura Itzel Castillo (Morena) exigió conocer detalles del inventario, los fondos recaudados por ventas de propiedades y los gastos administrativos. «Los trabajadores merecen saber en qué se ha usado su dinero», recalcó. Por su parte, Alfonso Cepeda Salas (Morena) cuestionó por qué no se han pagado salarios caídos si hubo desembolsos millonarios a consultores.
El síndico Aguilera explicó que se prepara una subasta modificada para atraer inversionistas capaces de invertir entre 300 y 500 millones de dólares en la reactivación. Sin embargo, Luis Donaldo Colosio Riojas (MC) exigió conocer la identidad de los posibles compradores para evitar opacidad. «No puede haber privilegios para unos mientras los trabajadores esperan justicia», subrayó.
La comisión insistió en que el proceso debe priorizar los derechos laborales. Datos de la Secretaría del Trabajo indican que más de 15,000 familias dependían directamente de AHMSA, muchas de ellas en Coahuila, donde la empresa era un eje económico. Expertos como Mario López, de la UNAM, advierten que un mal manejo de la quiebra podría profundizar la crisis en la región.
Aguilera aseguró que se contratará un asesor financiero independiente para garantizar transparencia en la venta. No obstante, los senadores mantendrán sesiones periódicas para vigilar que no haya desvíos. «No permitiremos que se repita el esquema de impunidad que llevó a esta quiebra», sentenció Salazar Fernández.
El caso de AHMSA se ha convertido en un ejemplo emblemático de los desafíos en la regulación de quiebras en México. Organismos como Mexicanos Contra la Corrupción han documentado irregularidades en el manejo previo de la empresa, lo que refuerza la necesidad de una auditoría exhaustiva. Mientras tanto, los trabajadores, algunos con más de 20 años de servicio, esperan una solución que les devuelva dignidad y sustento.
