Por Bruno Cortés

El Senado de la República se prepara para dar un paso importante en el fortalecimiento del sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas. Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva, adelantó que será la próxima semana cuando el Pleno discuta el dictamen de la iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuyo objetivo es consolidar una base de datos confiable para la localización e identificación de personas en situación de desaparición.

En entrevista, Fernández Noroña fue enfático al señalar que el Estado mexicano no puede seguir operando sin una herramienta robusta que concentre, ordene y depure la información sobre las personas desaparecidas. “Es indispensable contar con una base de datos unificada, sólida y verificada. La mejor vía para ello es la CURP, que puede convertirse en una plataforma de integración de datos con fines humanitarios”, expresó.

La propuesta de Sheinbaum busca que la Clave Única de Registro de Población (CURP) se convierta en el eje central para articular los esfuerzos entre instituciones, autoridades locales, federales y familiares de víctimas. Con una CURP fortalecida —que incluya datos biométricos y pueda cruzarse con múltiples registros— se reduciría el tiempo de búsqueda y se evitaría la dispersión de información que hoy entorpece los procesos de identificación.

Fernández Noroña sostuvo que el Instituto Nacional Electoral (INE) dispone de datos biométricos de millones de ciudadanos, pero que estos no están al servicio del Estado para fines humanitarios. “Es inconcebible que el INE tenga más datos que el propio Estado mexicano. Cuando hablamos de personas desaparecidas, esto no puede continuar así”, advirtió.

Además, consideró que las críticas sobre el uso de datos biométricos por parte del Estado son infundadas, pues empresas privadas como Telcel o instituciones bancarias ya cuentan con esa información sin que ello haya despertado objeciones similares. “Los datos los tienen las empresas privadas, ¿por qué no debería tenerlos el Estado para ayudar a localizar personas?”, cuestionó.

El senador defendió también la posibilidad de que empresas contribuyan con la entrega de datos relevantes cuando se trate de casos urgentes de desaparición. “Si la vida de alguien depende de información que tiene una empresa, ésta debe colaborar. Es un asunto de humanidad, no de negocios”, enfatizó.

En otro tema, Fernández Noroña anunció que impugnará el acuerdo del INE que prohíbe el uso de recursos institucionales para promover la participación ciudadana en la elección del 1 de junio. Consideró que impedir que el Senado o el Ejecutivo federal llamen a votar representa una interpretación excesiva de la ley electoral. “Todas las voces deben contribuir para fomentar el voto. Llamar a votar no es proselitismo”, aclaró.

Finalmente, precisó que, en su calidad de representante legal del Senado, no necesita la aprobación del Pleno para impugnar la resolución del INE ante el Tribunal Electoral. “La ley me faculta para actuar en defensa de los derechos institucionales del Senado. Si el Tribunal no revierte el acuerdo, entonces tendríamos que ceder nuestros tiempos oficiales al INE para que siga difundiendo la jornada electoral”, concluyó.

Con este doble frente —la reforma humanitaria en materia de desaparición de personas y la defensa de la promoción democrática—, el Senado entra en una semana clave que marcará el rumbo legislativo de los próximos meses. La agenda avanza con un enfoque claro: fortalecer al Estado para atender las urgencias sociales y garantizar derechos fundamentales.