Por Bruno Cortés

Ciudad de México.– Entre discursos de soberanía y acusaciones de censura, el Senado mexicano aprobó en comisiones la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, una iniciativa impulsada por el Ejecutivo que promete mayor cobertura, pero también otorga poderes inéditos al Estado para decidir qué se transmite y qué se bloquea. ¿Conectividad o control? Depende de a quién se le pregunte.

La ley, respaldada por 29 votos a favor y 9 en contra, fue presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum apenas un día antes. Fue avalada sin cambios de fondo, lo que hizo sonar las alarmas entre la oposición, que la califica como una “ley mordaza”, camuflada de modernización. Y no es para menos: el artículo 109 permite el bloqueo de plataformas digitales sin necesidad de orden judicial, con procedimientos poco claros, bajo la coordinación de la flamante Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).

En el discurso oficial, encabezado por José Antonio Cruz Álvarez Lima, presidente de la Comisión de Radio y Televisión, la narrativa es otra: la ley busca recuperar la soberanía digital y frenar la injerencia extranjera, especialmente en temas propagandísticos. “México necesita una nueva ley que lleve los beneficios tecnológicos a todos los sectores”, dijo con convicción. Una visión loable, aunque para muchos legisladores el remedio parece más peligroso que la enfermedad.

Desde el PAN, Ricardo Anaya calificó la iniciativa como una muestra de “obsesión por el control” y advirtió que se trata de “la Ley Censura”. Para él, la ATDT no solo concentrará poder regulador, sino que también podrá actuar como juez y parte, diseñando e imponiendo lineamientos sin contrapesos. “Esto no es una política pública, es un régimen digital a la carta”, ironizó.

La preocupación traspasó colores partidistas. Manuel Añorve, del PRI, fue más allá al comparar el proyecto con prácticas propias de regímenes autoritarios. “Ni Maduro ni Ortega se atrevieron a tanto”, dijo en una frase que dejó un silencio incómodo en la sala. Añorve acusó que el pretexto de defender a los migrantes —por la polémica sobre los spots denigrantes— se usó para avanzar una reforma que viola derechos constitucionales como la libertad de expresión.

El oficialismo, sin embargo, insiste en que no se trata de censura, sino de un acto de dignidad nacional. Así lo defendió Aníbal Ostoa, senador de Morena, quien aseguró que “los medios deben estar al servicio del pueblo, no de potencias extranjeras”. La senadora del PT, Lizeth Sánchez, reforzó el argumento al afirmar que la ley “protege la cohesión social” y evita mensajes discriminatorios importados.

No faltaron voces que destacaron los aspectos positivos. Waldo Fernández, del PVEM, defendió el potencial de la reforma para mejorar la cobertura digital, agilizar trámites e impulsar un despliegue tecnológico más justo. “Es un paso hacia un México más conectado, con reglas claras para todos”, apuntó.

Desde Movimiento Ciudadano, la senadora Alejandra Barrales advirtió que regular la forma en que los mexicanos acceden a la información es una amenaza en sí misma. “Hablar de bloqueo de redes sociales es muy peligroso”, concluyó.

Así, la ley avanza al Pleno con un paquete de promesas técnicas y sombras democráticas. Porque cuando el Estado puede decidir qué se transmite y qué se silencia, la línea entre progreso y poder absoluto se vuelve más delgada que la señal de un Wi-Fi público.