Por Bruno Cortés

En un país donde los cambios suelen avanzar a paso de procesión, el Congreso decidió, hace unos días, meter el acelerador con la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. La iniciativa, impulsada desde la Presidencia, promete democratizar el acceso a la conectividad, barrer con la burocracia y hacer que el internet llegue a los rincones olvidados de México. Una promesa tan vibrante como necesaria en tiempos donde el fax es pieza de museo y la cobertura 4G debería ser un derecho, no un lujo.

La creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones aparece en escena como la heroína de este relato: una institución destinada a simplificar trámites, abrir paso al internet universal y, de paso, cerrar la brecha digital que condena a millones a la marginación tecnológica. Si todo sale bien, montar una antena ya no será equivalente a cruzar un campo minado de permisos municipales. Y, más allá, mecanismos innovadores como el uso compartido del espectro o las redes inteligentes podrían catapultar a México de la era del fax a la órbita del 5G sin escalas.

Pero, en este paraíso prometido, no todo huele a rosas. La extinción del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) —un árbitro imperfecto pero necesario— plantea el riesgo de concentrar demasiado poder en un solo ente bajo el mando del Ejecutivo. El riesgo no es solo que cambien los actores, sino que se perpetúe el viejo esquema de pocos controlando mucho, solo que con nueva fachada y mejores slogans. Democratizar el espectro no es abrir la puerta… es asegurarse de que todos puedan entrar, no solo los de siempre.

La ironía mexicana, ese condimento que nunca falta, se asoma también aquí: se habla de fortalecer la libertad de expresión mientras se centraliza el control del espectro en una oficina de gobierno. Como quien organiza una fiesta de disfraces y luego recoge todos los disfraces en la puerta, la propuesta no disimula los peligros latentes. ¿Modernización o nuevo feudalismo digital? El diablo, como siempre, está en los detalles… y en la falta de contrapesos.

No obstante, la historia aún no se cierra. Por instrucción del senador Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO), el Senado abrirá un proceso de diálogo abierto, plural y constructivo para escuchar a actores económicos, sociales, técnicos y académicos. Un respiro democrático que busca corregir el curso antes de que la desconfianza social entierre el proyecto bajo toneladas de sospechas y memes ácidos.

Este proceso de diálogo, respaldado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, será coordinado por la JUCOPO y acompañado por las comisiones dictaminadoras, con el propósito de enriquecer el dictamen y responder a las legítimas preocupaciones sobre concentración de poder, transparencia y competencia. Como gesto de buena fe, se solicitó formalmente retirar el dictamen del orden del día legislativo previsto para el 28 de abril, abriendo así una ventana para el debate técnico y social.

La oportunidad es histórica: construir un modelo de telecomunicaciones realmente democrático y equitativo. Pero también lo es el riesgo: repetir la vieja receta de control disfrazado de modernidad. México merece conectividad universal, sí, pero también merece garantías de competencia efectiva, libertad de expresión sin mordazas digitales, y soberanía tecnológica que no esté al servicio de unos cuantos.

En la autopista de la transformación digital, el motor ya está encendido. La pregunta, inevitable, es quién tendrá las manos en el volante y si el GPS está programado para el bien común… o solo para los amigos del poder.